El PP concede 175 millones a Covapa en año y medio a través de dos consejerías y un ayuntamiento

El balance de gestión de la confederación de padres Covapa y de la federación de Alicante, ambas presidididas por José Antonio Ranchal, muestra un flujo continuo de dinero desde 1998, que supera con creces la tradicional subvención de 23 millones, distribuida entre las tres federaciones provinciales. El saldo conveniado con Ranchal a través de líneas presupuestarias nuevas de las consejerías de Educación y Presidencia y del Ayuntamiento que preside Luis Díaz Alperi es de 175 millones en año y medio, además de un centro nuevo en Alicante y una sede informatizada en Valencia. Con la reforma de Estatutos de Covapa, son ya 14 los padres que trabajan "con dedicación exclusiva".

Las memorias de las asambleas y reuniones de la junta directiva de Covapa (Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos) celebradas entre finales del año pasado y el presente, así como los anexos de los presupuestos de la confederación y varios documentos de convenios son elocuentes. José Antonio Ranchal firmó convenios con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Alicante, también gobernado por el PP; con el ex consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, y el consejero de Educación, Manuel Tarancón [toda la documentación está en poder de EL PAÍS], que muestran un inusual flujo de dinero hacia la federación de padres Gabriel Miró de Alicante y la Covapa, ambas presididas por Ranchal y respaldadas por el presidente impugnado de FAPA-Valencia y vicepresidente de Covapa, Toni Garcés.De hecho, dos días después del cuestionado Pacto por la Educación firmado entre ambos y el consejero Tarancón, se modificaron los Estatutos de Covapa en la asamblea general del 29 de mayo celebrada en el salón de actos de la Consejería de Educación. La reforma redujo el número de miembros de la junta directiva de 28 a 14, todos ellos, según las actas de la confederación, "dedicados en exclusiva", con una vigencia de cuatro años. También eliminó la presidencia rotativa.

Sindicato de padres

Los catorce miembros quedaron repartidos a medias entre la gente de Ranchal y la de Garcés. En la práctica es una especie de sindicato de padres, cuyo balance de actividades, también según las memorias, se reduce, fundamentalmente, a su participación en las numerosas "mesas sectoriales de padres" y en el Consejo Escolar Valenciano (CEV) y a charlas informativas en colegios por las que cobran 25.000 pesetas más, según denuncian padres de Alicante.

Todos ellos cobran sueldos fijos de la Administración y sus pagos a la Seguridad Social están al día. Los equipos trabajan en la nueva sede de la calle de Correos, número 14, de Valencia y en el nuevo centro de formación de padres que se ha abierto en Alicante. "El Pacto es un hecho fundamental que marcará historia y constituye un hito no sólo en nuestra organización, sino a nivel educativo y social", precisa el acta de una asamblea, en la que además se hace una comparación con "otras comunidades autónomas que también han firmado Pactos". El acta precisa que en "TODOS los casos que conocemos hasta la fecha, las organizaciones de padres y madres de alumnos han ido "acompañadas" o mejor "acompañando" a organizaciones sindicales y otras entidades de interés social" (sic).

Ranchal aconseja a la junta directiva de Covapa "realzar nuestro Pacto, en cuanto que supone una actuación de clara valentía política" por parte del Gobierno de Eduardo Zaplana. El presidente de Covapa, sin embargo, afronta dos denuncias, según información procedente de los Juzgados de Castellón, una que impugna los nuevos Estatutos de la confederación por introducir la figura de "padres con dedicación exclusiva" y otra por "apropiación indebida". Las denuncias aportan información, entre otros, sobre el pago de un millón al hotel Benidorm Palace, que el juez deberá deslindar si constituyen delito o no.

La singularidad del convenio valenciano no acaba ahí. La estrecha relación de Ranchal con el Gobierno de Zaplana comenzó nada más llegar el PP a la Generalitat, mediante el anterior subsecretario de Educación y hoy concejal de Alicante, Carlos Alcalde. Desde entonces, han proliferado los acuerdos, algunos insólitos, como el convenio de 15 millones de pesetas firmado por el ex consejero de Presidencia y actual vicepresidente, José Joaquín Ripoll, "para actuaciones preventivas en materia de Medio Ambiente, Seguridad Pública y Protección Civil", con fecha del 15 de octubre de 1998. El mismo día, por cierto, el alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, mediante su concejal de Educación, firmó con Ranchal otros 2,6 millones para "formación de APAs".

Los más novedosos y cuantiosos son, sin embargo, los firmados por Educación en los Presupuestos de 1998, 1999 y 2000, dentro del programa 421.10, mediante una línea nueva de la Dirección de Servicios Generales, de 8,7 millones los últimos dos años y de 9 para éste. En ella se contemplan para el año que viene 20 millones que, según Covapa, ya han sido adelantados. Hay que añadir a todo los polémicos 100 millones que corresponden al Pacto, pero que no se hicieron públicos.