El dueño de AGT culpa a las administraciones de la suspensión de pagos

Lluís García Sáez, ex diputado del PSC en el Parlament y propietario del grupo constructor AGT, responsabilizó ayer a las administraciones de haber provocado la suspensión del pagos de esas sociedades a causa del retraso en el pago de las obras que le contrataban. "Se produjo un problema de tesorería porque las administraciones, en general, no pagaban a tiempo", afirmó García Sáez a la salida del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, donde declaró durante más de dos horas como inculpado tras la querella presentada contra él por presunta estafa.

La declaración de García Sáez había sido cursada por el magistrado Adolfo Fernández Oubiña después de admitir a trámite la querella presentada contra el constructor por siete empresarios que le acusaban de no pagar las obras públicas que adjudicaron a AGT varios ayuntamientos socialistas de la provincia de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central.Tal como hizo después ante los medios de comunicación, García Sáez explicó ante el juez que "de todo el mundo es conocida la pasividad de las administraciones en el pago del montante de las obras" y que, por tanto, "no es nada extraño" que las mayores deudas que tenía contraídas AGT al presentar la suspensión de pagos fueran para los industriales que trabajaban para ese grupo.

Ante esas afirmaciones, la fiscalía recordó a García Sáez que en el expediente de suspensión de pagos presentado el 23 de septiembre figura una deuda de AGT hacia los industriales de 2.836 millones de pesetas y, por el contrario, una deuda de la Administración hacia la constructora de 187 millones. El constructor aseguró entonces que la deuda de la Administración era superior y que no debía "ni una peseta" a la Seguridad Social. En otro momento de su declaración, García Sáez también negó que durante este año el aumento de las deudas del grupo hubieran aumentado del 5% al 36% del capital de AGT, como sostiene la fiscalía. En su opinión, se trataba de una empresa "absolutamente viable" porque tenía una cartera de obras de 7.000 millones de pesetas.

Apellido desconocido

El encargado de los aspectos fiscales del grupo constructor era el director financiero, Fernando Martínez, de quien el ex diputado socialista afirmó que desconocía su segundo apellido y dirección, pero se comprometió a aportar estos datos al juzgado. Martínez, según reconoció García Sáez, tenía capacidad para hacer pagos en AGT.

En cuanto al hecho de que estuvieran en nómina de la constructora Josep Maria Triginer, uno de los fundadores del PSC, y Antoni Pérez Garzón, ex alcalde de Esplugues de Llobregat condenado por prevaricación, García Sáez aseguró que iban poco por la empresa, pero "cumplían su deber de asesores". Triginer como ingeniero y Pérez Garzón como "trabajador avezado", en palabras del ex propietario de AGT, de la que percibían una mensualidad de 399.780 pesetas.

Cristóbal Martell, abogado de García Sáez, aseguró al acabar la declaración: "Mal vamos si por el hecho de que mi cliente sea socialista y empresario se cree que debe haber robado". El letrado considera que los acreedores pretenden "desentenderse del procedimiento de suspensión de pagos con una querella temeraria porque los hechos imputados son falsos".

En otro momento y a preguntas de su defensa, García Sáez afirmó que "nunca obtuvo una obra por adjudicación directa" y que, "en todos los casos", su oferta ganaba los concursos "por ser la más ajustada a los presupuestos municipales", no por "fijar un tiempo extraordinariamente breve" en acabarlas. La fiscalía considera, sin embargo, que después del verano García Sáez dio orden de que, olvidándose de las sumas pactadas en los contratos, se realizaran las obras en un mínimo tiempo, sin importar los costos y cobrando lo que considerasen oportuno. García Sáez negó rotundamente esa afirmación, así como que consten en la causa recibos por un importe superior al contratado.