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La juez ve indicios de estafa en Benedicto Alfaro y su hija Carmen

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha apreciado la existencia de un delito de estafa en la conducta del empresario Benedicto Alfaro y su hija Carmen, presidente y vicepresidente, respectivamente del Grupo Alfaro, y ha transformado en procedimiento ordinario las diligencias previas que seguía contra ellos. La magistrada imputa también delitos de alzamiento de bienes a cuatro agentes de cambio y bolsa y ha dado un plazo de cinco días al fiscal para que presente su escrito de acusación.Teresa Palacios considera que la investigación está ya agotada y que aunque también aparecen en la causa indicios de varios delitos fiscales y una falsificación masiva y sistemática de efectos de comercio (letras de cambio), "no resulta viable formalizar imputación por esos delitos", en unos casos porque debido al tiempo transcurrido los delitos han prescrito y en otros porque o han sido despenalizados en la reforma del Código Penal de 1995 o han sido transformados en delitos societarios sobre los que existe una insuficiencia de pruebas.

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El caso contra Benedicto Alfaro se inició a raiz del suicidio del broker financiero Baltasar Egea, ocurrido el 4 de mayo de 1993 en su domicilio de La Moralpeja, zona residencial de Madrid, después de matar a esposa y a su hijo. Egea dejó escritas varias cartas al resto de su familia y al juez en las que aseguraba que su situación financiera era desesperada, que estaba en la ruina, no porque se hubiera quedado con dinero que sus clientes inversores le confiaban, tanto en inversiones legítimas como en dinero negro, sino porque el empresario Benedicto Alfaro se negaba a pagarle el dinero que Egea le había presetado, precisamente por tratarse de dinero negro.Egea había prestado dinero en muchas ocasiones a Alfaro, cuyo grupo atravesaba por dificultades y no encontraba financiación bancaria, y al principio Alfaro devolvía los prestamos. Pero a partir de Julio de 1992, cuando la situación del grupo se hizo crítica, los pagos se demoraron.

En octubre, según el auto dictado por la juez, Alfaro dejó de pagar las nóminas y en 1993 debían atender compromisos con las entidades de crédito superiores a 3.000 millones, además de otros 7.000 de deudas para los que Alfaro carecía de fondos. Benedicto Alfaro y su hija Carmen, segun la magistrada, "idearon entonces un procedimiento para no satisfacer la parte de la deuda representada por las letras de cambio.

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