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La fiscal del 'caso Alfaro' pide nueve años de cárcel para el propietario del grupo y su hija

El juicio por presunta estafa y falsedad documental cometidos a principios de los 90 quedará visto para sentencia mañana

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de hasta 9 años de cárcel para el empresario Benedicto Alfaro, propietario del grupo de distribución alimentaria Alfaro, y su hija Carmen por dos presuntos delitos continuados de estafa y falsedad documental al principio de los años 90. Las partes comenzaron hoy la exposición de sus informes de conclusiones a este juicio oral en la Audiencia Nacional y que previsiblemente quedará visto para sentencia mañana.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario y a su hija Carmen de captar dinero del intermediario financiero a cambio de letras que no tenían pensado satisfacer en ningún momento. El Ministerio Fiscal calcula que Alfaro estafó por este método en torno a 9 millones de euros, lo que llevó al broker financiero Baltasar Egea a suicidarse, tras asesinar a su mujer e hijo, en mayo de 1993.

La fiscal Carmen Launa consideró "totalmente acreditado" que Alfaro ocultó la situación de quiebra de su Grupo para ganarse la confianza de Egea, quien a su vez aprovechó su actividad profesional para captar dinero de pequeños inversores y prestarlo al empresario a cambio de un tipo de interés. Aseguró que Benedicto Alfaro y Carmen no tenían ninguna intención de devolver los préstamos porque sabían que el dinero captado era "negro" y que por ello no iba a ser reclamado por los inversores particulares.

Cartas del fallecido

Al margen de las manifestaciones de numerosos testigos y de algunas pruebas documentales, la fiscal fundamenta su acusación en las cartas que el propio Egea dejó escritas antes de suicidarse y en las que acusa directamente a Alfaro de la falsificación de las letras. La fiscal reconoció que la autoría de las letras falsificadas no puede atribuirse con certeza a Alfaro ni a su hija, debido a que una prueba caligráfica realizada por la Guardia Civil determinó que los autores pudieron ser distintas personas. Sin embargo, recurrió a lo que en jurisprudencia se llama "teoría del dominio del hecho" para explicar que los acusados tuvieron la posibilidad de evitar las falsificaciones y sus consecuencias.

En la sesión de hoy también expusieron sus conclusiones las dos acusaciones particulares que se han personado en esta causa contra el intermediario financiero Juan Luis Aguirre Asensio, para el que solicitaron tres años de prisión menor por dos presuntos delitos de estafa. La defensa replicó que se querellará al considerar dicha denuncia falsa.