Una residencia en el camino del cementerio

En el camino que conduce al cementerio de Formentera del Segura, a un par de kilómetros del centro de esta pequeña población de la comarca de La Vega Baja de apenas 2.000 habitantes, se encuentra la residencia de la tercera edad Levante, recién clausurada por la Generalitat ante el elevado número de fallecidos que allí se ha registrado -25 en un año según un informe de Bienestar Social, y 11 según aseguraban ayer los propietarios-, y ante "el alto riesgo para la salud de las personas que allí residen". No es la única que funcionaba sin licencia y sin control de la Administración en Alicante.

El inmueble, de planta baja, no llama especialmente la atención, y se confunde fácilmente con cualquiera de las miles de viviendas huertanas de la comarca, construidas, casi todas ellas, en suelo no urbanizable.En el interior, salón amplio con chimenea y cuadros baratos, sofás y una mesa. Una silla de ruedas delata que allí vive o vivió alguna persona enferma.Cinco habitaciones dobles, muy básicas, carecen de timbre para avisar en caso de urgencia. El aseo y la cocina son igual de humildes que el resto de la casa. El aspecto general del centro es el de una casa de huerta, fría y húmeda en invierno y demasiado cálida en verano. La residencia Levante estaba regentada hasta su clausura por el matrimonio integrado por José María Avilés y Antonia Rey, ayudados en las tareas de atención a los ancianos por uno de sus hijos y por trabajadores eventuales. Natural de Madrid, la pareja llegó a Formentera hace un par de años con el propósito de alquilar una casa en el campo para instalar una residencia de ancianos. Realizaron obras en el inmueble y comenzaron los trámites administrativos para legalizar la residencia. Pero antes de obtener los permisos comenzaron a acoger enfermos.

José María asegura que lleva 15 años cuidando a personas mayores, y Antonia dice que trabajó en la Cruz Roja de Torrevieja durante cinco años, como supervisora del programa de ayuda a domicilio.

"Muertes naturales"

Los propietarios niegan que en su casa hayan muerto 25 personas en un año, como indica, implacable, el informe de la Inspección de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social. "Aquí han fallecido 11 ancianos, todos ellos por causas naturales, debido a las enfermedades que padecían o a su avanzada edad", dijo ayer el propietario del centro, José María Avilés. "Yo mismo indiqué a los inspectores la cifra de 25, pero lo hice porque ellos estaban poniendo en el informe lo que querían. Les daba igual ocho que ochenta". Para probar que sólo han muerto 11 personas, José María muestra el registro de altas y bajas del centro. "Aquí jamás se ha maltratado a los ancianos", señala Antonia Rey. "Puede que no sea una residencia de lujo, pero está limpia, y las personas mayores estaban bien atendidas", añade. El informe oficial indica que los internos recibían medicación sin prescripción médica. A una de los pacientes, M. L. G, de 62 años, le suministraban hasta 11 medicinas, cuando el médico sólo le recetó dos de ellas, señala la Inspección.

Según el registro del centro, la última persona que acudió a la residencia fue Ernest Porchet. Entró el 9 de diciembre de 1998 y murió tres días después. Antonia resalta que prácticamente la totalidad de las personas fallecidas en la residencia murieron el pasado invierno, "que fue muy duro". "Muchas de ellas venían ya moribundas de los hospitales y no soportaron el invierno", sostiene la dueña del centro.

La Residencia Levante no tenía tarifa fija. Los precios oscilaban entre 90.000 y las 130.000 pesetas mensuales. Una de las ex trabajadoras de la residencia, que junto a tres mujeres más promovieron la denuncia admistrativa contra el centro, declaró ayer a EL PAÍS que las condiciones de la residencia "no eran buenas para atender a los ancianos". Recuerda que una noche cogió unos huevos para hacer unas tortillas y "llevaban dos meses caducados".

El padre de Inocencia Sánchez, una mujer de 48 años ingresada en el centro por transtornos depresivos, aseguró que su hija estuvo bien cuidada. "Estaba todo limpio y no tenemos quejas", informa Pilar Girona.

En el polo opuesto, familiares de una residente indicaron ayer a TVE que "allí la tenían atada". Ante esas declaraciones el propietario mostró un documento en el que los propios familiares autorizaban a la residencia a maniatar a la interna y a instalarle barandillas en la cama.

El informe de la Inspección es demoledor: la residencia está situada en medio de la huerta, carece de servicio médico, se suministran medicamentos sin control facultativo y sin tener en cuenta la evolución de las patologías. Además, la situación jurídica de algunos residentes incapacitados psíquicamente "no ha sido regularizada por la autoridad judicial".

El camino del cementerio de Formentera era ayer un barrizal. Y la residencia, un lugar lúgubre y frío, sin ancianos.