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CiU fuerza al PP a que se tramite con urgencia la Ley de Extranjería

La tramitación del proyecto de modificación de la Ley de Extranjería se hará con carácter urgente. Así lo decidió ayer la Mesa del Congreso a petición del PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. El acuerdo se tomó por unanimidad una vez que CiU, al constatar que las divergencias existentes en el seno del Gobierno sobre la nueva norma podrían impedir que entrase en vigor en la actual legislatura, optó por respaldar ese procedimiento, con lo que el PP se vio solo en su negativa al mismo.

Según los cálculos de los grupos, el Pleno de la Cámara Baja aprobará la ley el día 25 y después la remitirá al Senado, que dispondrá de 20 días para estudiar si introduce o no enmiendas."Hemos resuelto no marcar diferencias y buscar los criterios de unanimidad", alegó Diego Jordano, ponente del PP en la Comisión Constitucional, para explicar el cambio de postura de su partido, contrarios en principio a que la Ley de Extranjería se tramitara por el procedimiento de urgencia. "A la fuerza ahorcan", puntualizó el portavoz del PSOE, Luis Martínez Noval. "La decisión se ha tomado de forma unánime", dijo, "pero porque [el PP] se ha visto solo" en su negativa.

En cierto modo, CiU forzó el respaldo del PP al sumarse a la petición del PSOE, IU y el Grupo Mixto tras constatar la existencia de divergencias en el Gobierno sobre el nuevo texto y que se corría el riesgo de que se demorase su entrada en vigor. "Era la única manera de garantizar que el documento aprobado en la Ponencia, y consensuado por todos los grupos, se publique en el BOE antes de finalizar la legislatura", para lo cual apenas queda este mes y el de diciembre, explicó el portavoz de CiU, Josep López de Lerma.

El Congreso lleva 18 meses trabajando en el proyecto, fruto de tres proposiciones de ley -de CiU, IU y el Grupo Mixto-, sub-rayó López de Lerma, y es "absolutamente sorprendente y entra en contradicción" con la firma del texto por parte del PP que se hayan producido "divergencias de última hora entre los Ministerios de Economía, Interior, Exteriores y Trabajo y Asuntos Sociales". "No podíamos avalar la no aprobación de la iniciativa en esta legislatura", concluyó.

Disensiones en el Gobierno

Últimamente, en efecto, los mencionados departamentos han expresado disensiones sobre la ley por diferentes motivos: en unos casos, económicos, y en otros, relacionados con el control de las fronteras o la tramitación de los visados.

El texto, que modifica el de 1985, prevé la extensión de los derechos básicos -educación, sanidad y servicios sociales- a todos los extranjeros, regularizados o no, si están empadronados en un municipio. También extiende todos los derechos de los españoles a quienes estén regularizados, salvo el de sufragio activo y el pasivo.

Respecto a la regularización de los extranjeros se establece que será inmediata para quienes puedan probar que llevan al menos dos años en España. También se abrirá mediante un real decreto un proceso para regularizar la situación de los que hayan llegado antes del pasado 1 de junio, lo que afectará a unos 80.000, según la ponente socialista, Matilde Fernández.

La nueva ley también recoge el derecho de asistencia jurídica de los extranjeros, que será gratuita si carecen de recursos; la posibilidad de obtener un permiso de residencia temporal para las víctimas de redes ilegales de tráfico de personas; la reagrupación familiar y las medidas antidiscriminatorias.

Pablo Castellano, diputado de IU, advirtió de que la ley mantiene una cautela excesiva sobre la participación electoral de los extranjeros y criticó que no prevea la posibilidad de que puedan tener acceso al funcionariado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 1999

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