CC OO pide el cese de González Cepeda por los "atropellos" a los usuarios de la Oficina de Extranjeros

"Discriminación", "atropello", actuaciones que "rayan la prevaricación" y "prolongados retrasos" en la resolución de expedientes fueron las expresiones empleadas ayer para describir el estado actual de la Oficina de Extranjeros de Valencia por el responsable del Centro de Información para Trabajadores Migrantes (Citmi), Javier Botey. El sindicato Comisiones Obreras, al que está ligado el Citmi, convocó ayer a un centenar de personas ante la sede de la delegación del Gobierno en Valencia para protestar por la "situación límite" en la que se encuentran los inmigrantes debido a las "trabas" que pone la Administración, los largos retrasos, que pueden alcanzar los diez meses, "para una simple renovación de un permiso de trabajo" y el "mal funcionamiento" de la oficina creada a principios de año para centralizar todos los procesos burocráticos ligados con los permisos de las personas inmigrantes. Las denuncias del sindicato se producen ocho meses después de que el delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda, destituyera al anterior responsable de la oficina ante las críticas por saturación y caos en la tramitación de expedientes vertidas por varias asociaciones. Entonces se reforzó el personal de la unidad, una medida que se ha anulado recientemente.

Botey responsabilizó de la situación actual de la "alegal" oficina -no tiene un decreto de creación que la avale- al delegado del Gobierno: "La única salida digna que tiene es dimitir de su cargo", señaló, "mientras no se solucione el conflicto, y se mantenga esta falta de voluntad política". Mientras, el partido Nueva Izquierda (NI) llevó ayer la situación de la Oficina de Extranjeros al Congreso de los Diputados. En una pregunta dirigida a la mesa del Congreso, el diputado Ricardo Peralta solicita información sobre la repetición, meses más tarde, de "los fallos apreciados en el funcionamiento de la oficina". El representante de NI también solicita respuesta sobre la razón por la que se han dejado sin efecto las medidas de refuerzo de personal tomadas por el delegado del Gobierno.