El fiscal del "caso Ollero" apoya las escuchas por el "orden social"

Tal y como se esperaba, los alegatos del fiscal y los abogados de la acusación en el denominado caso Ollero, siguieron exactamente la pauta contraria a la de los defensores en la primera jornada. Ayer, el fiscal Miguel Benito se dilató durante cerca de una hora para defender los dos puntos más difíciles y controvertidos de este caso: el que la investigación comenzara con un anónimo y el que se pincharan los teléfonos de particulares y empresas durante varios meses. El representante del Ministerio Público apoyó las escuchas telefónicas por "la defensa del orden social y la transcendencia de los hechos" denunciados en el escrito sin firma.A pesar de la vehemencia de los discursos de ayer, el anónimo como origen de la investigación y la premura con la que se ordenaron las escuchas son precisamente los puntos que pueden llevar hasta la nulidad este proceso en el que están imputados Jorge Ollero, el ex director general de Carreteras de la Junta, Manuel Ollero, el ex consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos y los altos cargo de Ocisa -la empresa que supuestamente pagó 127 millones para hacerse con la obra de la carretera Salinas-Las Pedrizas-, Jesús Roa y Luis Nogueira.

El fiscal defendió a capa y espada la actuación de la juez Pilar Llorente y rechazó cualquier sospecha de que la dilación de siete años en culminar la investigación se debe a lago más que a lo prolijo del caso (42 cintas de 12 horas cada una, el seguimiento de 267 cheques...), que se acumula en 20 tomos.

A pesar de admitir que la legislación española dista de ser perfecta en lo que las escuchas telefónicas se refiere, el representante del Ministerio Público justificó las de este caso por "tener un fin lícito" y por la verosimilitud de las acusaciones. A su juicio, la violación del derecho a la intimidad es consecuente, si se tiene en cuenta que se habla de delitos cometidos por servidores públicos y con fondos públicos, y dista de ser "desproporcionada", tal y como la tildaron las distintas defensas el pasado jueves. Un argumento similar sirvió también para defender que el caso comenzara con un anónimo, que, a juicio del fiscal, también seguía los principios de "proporcionalidad y verosimilitud" requeridos.

Delito contra forma

Tanto el fiscal Benito como el abogado del Partido Popular (los letrados de la Junta y de Izquierda Unida tuvieron una intervención meramente testimonial), Manuel Seco, prefirieron resaltar en su dialéctica la importancia del delito sobre las presuntas irregularidades del proceso. Benito llegó a asegurar que en este caso "hay 22 millones de indicios", en referencia al dinero con el que fue detenido Jorge Ollero y que se comprobó que provenía de una de las cuentas de Ocisa.

La Sala Primera ha convocado a las partes el próximo jueves para comunicarles si acepta las tesis de la defensa sobre la nulidad de las pruebas practicadas o si continúa el juicio oral.