"Ante la pena de muerte un jurista sensible debe entrometerse"

El magistrado de la Audiencia de Madrid Perfecto Andrés Ibañez -a un paso de incorporarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo- se desenvolvió ayer con soltura ante los alumnos de la Facultad de Derecho de la UPV, en Leioa. Incluso cuando le preguntaron si se consideraba bien pagado. "Sí gracias, me siento bien pagado, aunque los jueces recién salidos estan en una banda salarial mucho menor", respondió. Lo que dejó claro el ex portavoz de Jueces para la Democracia es que con la polémica de los salarios "ni están en peligro la estabilidad de la democracia ni la indepedencia judicial, ni existe un conflicto entre poderes del Estado". El juez que condenó al ex director general del Cesid Emilio Alonso Manglano y a su lugarteniente, Juan Alberto Perote, a ocho años de inhabilitación por escuchas ilegales, dijo que no sintió el aliento del Gobierno tras su nuca.Pregunta. Dice la ministra Margarita Mariscal de Gante que lo prioritario es dotar de más medios materiales a la Justicia y no subir los sueldos.

Respuesta. No hay por qué contraponer una cosa a la otra. Ése es un mal planteamiento.

P. Usted, sin ser un juez estrella, ha estado en asuntos de gran importancia como el de las escuchas ilegales del Cesid. ¿Se sintió presionado por el Gobierno socialista?

R. No. Es cierto que hubo una gran presión mediática y que estos asuntos provocan cierta deslegitimación y desgaste político. Pero nada más.

P. En el fallo dijo que las escuchas ilegales "formaban parte de una política mal entendida de seguridad nacional".

R. Aquellas prácticas del Cesid estaban claramente fuera de la legalidad, se estaba degradando el marco legal.

P. Pero lo que estaba en entredicho era, en realidad, que la razón de Estado es incompatible con el Estado de Derecho.

R. Parece claro que la razón de Estado nunca se ha sentado en el banquillo, bueno sólo por persona interpuesta como en estos casos. Ha habido avances, pero es un asunto tan vidrioso que no se han superado todas las insuficiencias.

P. ¿Cree que el PSOE pagó ya con la derrota en las elecciones de 1996 el peaje político por la guerra sucia?

R. Los ritmos políticos y judiciales no van acompasados. El problema es más bien del uso que se hace de esa información sensible. El paso a un nuevo Parlamento no tiene por qué cancelar la memoria, pero tampoco deberían darse fijaciones que conviertan la política en un permanente ajuste de cuentas retrospectivo.

P. Sorprende que en dos décadas de democracia sólo haya dos sentencias por prevaricación en los tribunales, una de ellas la del juez Liaño.

R. Habría que preguntarse antes cuántas denuncias o querellas fundadas se han dado, y desconozco el dato. Pero sí, estoy convencido de que se ha sido poco incisivo en la respuesta ante actuaciones nada tolerables de los jueces. Esto lo reconocería cualquiera que no tenga telarañas en los ojos. Aunque se ha avanzado gracias al control difuso ejercido por la prensa, con lo que se ha dado cierta compensación.

P. El fiscal general del Estado considera una intromisión ilegítima criticar a EE UU por mantener la pena de muerte, justo cuando hay un español ahora mismo en el corredor de la muerte. ¿Qué le parece?

R. (Sonríe). En materia de derechos fundamentales, un jurista sensible tiene que practicar un sensato derecho a la intromisión legítima, que tiene apoyo en la Declaración Universal y los pactos que la desarrollan. Cardenal ha obrado ahí con un cierto reflejo de jurista funcionario que en estas materias no debería darse. En presencia de la pena capital, no hay escapatoria posible. La intromisión es legítima, hay un imperativo ético.

P. Mientras no exista la Corte Penal Internacional, ¿actuaciones como las del juez Garzón con Pinochet y los dictadores argentinos son necesarias?

R. La labor de Garzón tiene un buen fundamento legal, avalado por otras instancias. Existe un buen contexto normativo practicable que puede dar mucho juego en la persecución de los delitos de genocidio.

P. ¿A qué se deben la reticencias de EE UU a impulsar un tribunal internacional?

R. Porque implica una cesión de poder o de control interno. Parece claro que son debidas al papel que juega Estados Unidos en el mundo en muchos frentes políticos para mantener una hegemonía política mundial de cualquier forma.

P. ¿Considera que en un proceso de paz como el vasco hay que dejar en suspenso la aplicación de la justicia penal?

R. En ese asunto el jurista no puede elegir. Al juez hay que pedirle que aplique el orden jurídico. Pero, ahondando más, ¿qué debería hacer un juez de instrucción? ¿dejar en suspenso las actuaciones, dictar órdenes de libertad? Son declaraciones para consumo de masas. Un gobierno puede ejercer el derecho de gracia o cambiar una política penitenciaria. El juez, no.