El PP evita que se exima de la mili a los jóvenes con contrato temporal

Si se quiere evitar que una reforma prospere, no hay que oponerse a ella, explicar los motivos que justifican esta posición y arriesgarse a quedar en minoría. Lo más eficaz es apoyarla y dilatar luego los trámites parlamentarios para que nunca vea la luz. Ésta ha sido la técnica empleada por el PP con la reforma de la ley del servicio militar que pretende eximir a los jóvenes con contrato temporal. La proposición, aprobada unánimemente por el pleno del Congreso en octubre de 1998, lleva más de ocho meses congelada.

El Grupo Socialista presentó en mayo de 1998 una proposición de ley que modificaba la ley del servicio militar, para que pudieran beneficiarse de la prórroga por razones laborales los jóvenes que tuvieran "un contrato de formación o prácticas o cualquier modalidad de contratación temporal".El PSOE presentó esta iniciativa alegando que la actual formulación de la norma -se exige demostrar que la prórroga servirá para consolidar un contrato fijo- impide a los jóvenes beneficiarse de ella, como prueba el hecho de que sólo 37 disfrutaran de la misma a finales de 1997, frente a los más de 800.000 con aplazamiento por estudios.

Esta cifra contrastaba con los datos ofrecidos por el propio Gobierno, según los cuales sólo en 1997 se firmaron más de 2,3 millones de contratos temporales entre varones menores de 29 años y con la importancia que se atribuye a la lucha contra el paro juvenil.

El Ministerio de Defensa puso reparos a la reforma, alegando que, ante la próximidad del fin de la mili, la prórroga equivalía a la exención y que podría poner en peligro el periodo de transición al Ejército profesional por falta de reclutas.

Sin embargo, el PP, ante la perspectiva de perder la votación, se sumó a la mayoría y la toma en consideración de la reforma fue aprobada por unanimidad del pleno del Congreso el 6 de octubre del año pasado.

Para minimizar el impacto de la proposición, el PP presentó una enmienda por la que exigía que el contrato tuviera una duración mínima de seis meses y se registrase en la oficina de empleo. Igualmente, obligaba a que el trabajador estuviera afiliado a la Seguridad Social y el empresario, inscrito en la misma y al corriente de sus obligaciones fiscales. También a que la prórroga se pidiese, al menos, seis meses antes de la fecha de incorporación a filas.

Todos estos requisitos no parecen haber sido suficientes. Las enmiendas del PP, junto a las del PNV, que proponía ampliar estos beneficios a los trabajadores autónomos, se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes el pasado 23 de febrero. Desde entonces, la ponencia encargada de dictaminar el texto ni siquiera se ha reunido y no lo ha hecho porque el PP, y algún otro grupo, aún no han designado a su ponente. A estas alturas de la legislatura -el Parlamento cerrará sus puertas en diciembre y no las abrirá hasta después de las próximas elecciones generales- no hay tiempo material para tramitarla.

Esta aparente desidia resulta más sorprendente en una comisión como la de Defensa, que no está sobrecargada de trabajo. En esta legislatura sólo ha aprobado tres leyes importantes: la del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, la de Movilidad Geográfica y la del Personal de la Guardia Civil.