Cardenal y la pena de muerte

Desde Bruselas he leído con horror en su diario las últimas opiniones, esta vez sobre la pena de muerte, vertidas por Jesús Cardenal, fiscal general de un Estado que ha abolido constitucionalmente la pena de muerte.La cantidad de errores judiciales, obviamente irreversibles cuando se trata de la pena de muerte, el concepto aceptado por las sociedades civilizadas de que las condenas tienen una función de reinserción y redención, y, por tanto, no pueden ser irreversibles, son elementos suficientes para que cualquier ciudadano razonable considere que la pena de muerte es una barbaridad anacrónica -tan anacrónica como aquel juicio sumarísimo de septiembre del 75 con resultado de muerte en el que ejercí de abogada impotente-, contraria a los derechos fundamentales y ajena al estadio de evolución de la humanidad, sus principios y sus instituciones. Entre estos principios se encuentra la relativización del concepto de soberanía absoluta de los Estados sobre su población y territorio, de manera que el ejercicio de tal soberanía tiene unos límites en el respeto a los derechos humanos. Las intervenciones humanitarias para proteger a poblaciones de violaciones masivas de los derechos humanos, de genocidios, etcétera, o el procesamiento extraterritorial de torturadores internacionales, son ejemplos actuales que avalan que la soberanía estatal ya no es absoluta.

Que haya ciudadanos a pesar de todo favorables a la idea de que los Estados pueden ejercer sin ningún control ni principio sus poderes sobre los ciudadanos y a la institución de la pena capital, es preocupante. Que ese ciudadano sea el fiscal general del Estado es gravísimo, y que exprese semejante opinión cuando un ciudadano español se encuentra en el corredor de la muerte de una prisión de un país cuyo sistema judicial se caracteriza por el chalaneo entre abogados y fiscales, las subastas de penas según el procesado se autoinculpe o no, las minutas millonarias que reflejan una aterradora desigualdad ante la justicia -y la igualdad ante la misma es un derecho fundamental inalienable-, genera escándalo social, repugnancia moral, vacuidad intelectual y pánico ciudadano ante los personajes que el Gobierno español ha situado en la cúspide de las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos.

Que el Gobierno de Aznar y la ministra de Justicia se amparen en la independencia de los órganos jurisdiccionales para no contradecir a su fiscal general, refleja su desprecio por los principios más elementales de la convivencia democrática y, sospechamos, que su acuerdo íntimo y vergonzante con las opiniones de Cardenal. Es necesario un cambio ya, a más tardar entre febrero y abril del 2000.- Diputada al Parlamento Europeo. Grupo Socialista.