El fiscal rebaja la petición de condena para el juez Raposo de 12 a 4 años de inhabilitación

El fiscal Carlos Ramos rectificó ayer su petición inicial de 12 años de inhabilitación para el magistrado Santiago Raposo y la rebajó a cuatro durante el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) . La fiscalía mantiene que Raposo cometió un delito de prevaricación al archivar una causa por delito fiscal, pero considera que el juez actuó así por imprudencia, y no con dolo o intencionalidad como sostenía inicialmente. El acusado afirmó en dos ocasiones durante su declaración ante el tribunal que "volvería a dictar la misma resolución".

Fiel al carácter seco y casi irreverente que le hizo famoso durante los más de 10 años en que presidió la sección octava de lo penal de la Audiencia de Barcelona, Raposo respondió al interrogatorio del fiscal sin mirarle a la cara. En un tono elevado de voz, intercalando las citas textuales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con los latinajos que tanto abundaban en sus sentencias, Raposo defendió el auto de archivo acordado el 2 de junio de 1998 por una causa de delito fiscal contra Jaime Sentís, el denunciante del caso Casinos, relativo a la supuesta financiación irregular de CDC.En opinión de Raposo, la querella que presentó la fiscalía contra Sentís era "abstrusa" y no debió haberse admitido porque no especificaba cuál era la cantidad supuestamente defraudada. También explicó que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales del querellado porque no se le dio traslado de los 5.000 folios de la prueba documental y fue citado a declarar por el juez instructor al cabo de siete años de presentarse la querella y sin haberse practicado ninguna otra diligencia. "Por eso", afirmó, "volvería a dictar la misma resolución, pero suprimiría algunos términos por otros más vulgares u ordinarios para evitar la mala digestión a algunos de sus lectores".

En otro momento Raposo aseguró que la sección octava que él dirigía tenía un carácter muy "presidencialista", porque los funcionarios le daban cuenta de todas las incidencias de todos los asuntos. También afirmó que las deliberaciones "no se hicieron a la ligera, sino como marca la ley", y que no se atribuyó la ponencia del caso sin que le perteneciera, contrariamente a lo que sostiene el fiscal.

En otro momento Raposo aseguró que no ocultó ningún dato a las dos magistradas que firmaron el auto supuestamente prevaricador, María José Inés Martínez y Mercedes Fernández Álvarez. Ambas estuvieron inculpadas inicialmente, pero dejaron de estarlo cuando declararon que Raposo les ocultó parte de la información en las deliberaciones.

Aplazamiento de la vista

En la fase final del juicio el fiscal mantuvo que la prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas- imputada a Raposo pudo cometerse con dolo o intencionalidad, delito que el Código Penal castiga con penas de entre 10 y 20 años. De forma alternativa, la fiscalía consideró que la prevaricación pudo deberse a "imprudencia grave o ignorancia inexcusable", tipificada con penas de entre dos y seis años de inhabilitación. La defensa, ejercida por el abogado Miguel Capuz, solicitó un aplazamiento y el juicio se reanudará el lunes con los informes de las partes.