Rouco y Aznar completan relaciones

Los obispos creen que, en las relaciones Estado-Iglesia, su carácter de religión hegemónica no es discutible. En consecuencia, pese a que la Constitución de 1978 consagra que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", la Iglesia reclama desde la muerte de Franco el mismo estatus que consagró el Concordato de 1953.El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, aconseja a sus obispos que se empeñen siempre "dando al César lo que es del César, pero pidiendo luego a los césares de hoy que den a Dios lo que es de Dios". Y el cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española desde hace ocho meses, ha seguido a rajatabla el mandato hasta que Aznar ha cumplido sus compromisos de reformar lo que, según los obispos, se les impuso por los Gobiernos de Felipe González.

Rouco está a punto de colmar tres de sus aspiraciones. Las dos primeras son económicas y tienen que ver con los impuestos de los españoles que llegan a la Iglesia y con quién paga a los profesores de religión. El Gobierno ha prometido resolver el conflicto de las casillas en la declaración del IRPF (mientras llega el arreglo, Hacienda garantiza a la Iglesia más de 21.000 millones anuales), y la Seguridad Social ya se hizo cargo de 13.000 profesores, cuyo salario ha sido mejorado.

El tercer asunto resuelto, el de las clases de religión, era más polémico, pero Rouco no suele arredrarse si lo que se discute tiene que ver, según su criterio, con principios de evangelización. En este asunto, además, negocia con un buen amigo, el ministro de Educación, Mariano Rajoy.

Constitucionalizada la neutralidad del Estado, la enseñanza de la religión se ajustó a este criterio: es una asignatura de oferta obligatoria por los centros, pero los alumnos tienen libertad para recibirla. Además, no es evaluable ni figurará en el currículum. De esa declaración de principios, los Gobiernos del PSOE dedujeron que la "alternativa" podía ser o nada (es decir, el recreo de los alumnos), o la asistencia a una clase cuyo contenido se decidió después de consultar con personas de la calidad universitaria de Victoria Camps, Gregorio Peces-Barba, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Olegario González de Cardedal y Pedro Martínez Montávez.

Pero los obispos arremetieron contra la solución y Aznar la descalificó diciendo que la alternativa estaba siendo la de "jugar al parchís". A pesar de que el Supremo sentenció su legalidad, ésa es la solución que ahora quiere desmontar el Gobierno del PP.

No se trata, en la práctica, de una vuelta al Concordato de 1953, firmado en pleno nacionalcatolicismo bajo el impulso de Pío XII, pero en la teoría España sí que regresa, comparativamente, a lo que en aquella ocasión proclamó el Papa en una encíclica tan encomiástica que ha sido sometida al olvido. Se titulaba Hispaniarum fidelitas.