Bruselas lleva a Portugal ante el Tribunal de la UE por el veto al BSCH

La Comisión Europea acordó ayer llevar a Portugal ante el Tribunal de Luxemburgo por el caso Champalimaud y pedir a éste que adopte medidas cautelares. El objetivo es acabar con el veto del Gobierno portugués al acuerdo con el BSCH y evitar que la suspensión de los derechos del accionista español acabe permitiendo que cuaje la OPA hostil del Banco Comercial Português contra el grupo Champalimaud.

La decisión de solicitar medidas cautelares tiene por objeto anular el riesgo real de que la entrada hostil del Banco Comercial Português en Champalimaud acabe siendo la maniobra legal elegida por el Gobierno de Lisboa para impedir la entrada de capital español en el grupo privado portugués.Por todo ello, la Comisión Europea decidió ayer denunciar a Portugal porque no ha respetado la decisión adoptada el 20 de julio por la Comisión, que tenía por objeto suspender de forma cautelar la decisión del ministro de Finanzas portugués de 18 de junio, por la que se oponía al acuerdo alcanzado por el grupo Champalimaud dando entrada en su capital al banco español BSCH.

El Gobierno que preside el socialista Antònio Guterres se opone a esa entrada por temor a la presencia de capital español en un grupo nuclear de las finanzas privadas de su país. Oficialmente, el Gobierno justifica su oposición en que el banco español no ha cumplido todos los requisitos de procedimiento previstos por la ley portuguesa en materia de finanzas y de seguros.

El 3 de agosto, la Comisión Europea aprobó el acuerdo entre Champalimaud y BSCH. El 8 de septiembre decidió abrir un procedimiento de urgencia contra Portugal por no respetar la decisión del 20 de julio. El 13 de octubre, Bruselas envió un dictamen motivado al que Lisboa debía responder en una semana. Ese plazo expiró sin que las autoridades portuguesas contestaran a esos requerimientos.

Debido a ese mutismo, y sobre todo a la negativa de Lisboa a suspender sus medidas contra la operación, la Comisión decidió ayer recurrir al Tribunal. "El recurso al Tribunal con petición de medidas cautelares es necesario porque las autoridades portuguesas no han suspendido todavía su decisión del 18 de junio", señala la Comisión en un comunicado.

"En consecuencia, la operación de concentración aprobada por la Comisión el 3 de agosto no ha podido ponerse en marcha. Además, la decisión portuguesa de oponerse a la operación comporta la suspensión de los derechos de voto de BSCH y Champalimaud. Si la suspensión no es levantada de forma inmediata, podría triunfar una oferta hostil sobre Champalimaud formulada por el Banco Comercial Portugués, lo que impediría definitivamente la operación aprobada por la Comisión", subraya el comunicado de Bruselas.