Los daños por riadas en Alicante se reducirían si el Consell cumpliera, según los afectados

Si la Administración autonómica hubiera cumplido, en las dos últimas décadas, con su obligación de dotar a las ciudades de las infraestructuras públicas adecuadas, las consecuencias de la riada que arrasó la ciudad de Alicante el 30 de septiembre de 1997 hubieran sido sensiblemente inferiores a las registradas. Así lo denunciaron ayer los afectados, a través de la Unión de Consumidores y el Colegio Oficial de Mediadores de Seguros, que ese año atendió más de 10.000 expedientes y tuvo que hacer frente a indemnizaciones superiores a los 8.000 millones de pesetas.

En el segundo aniversario de la tragedia de 1997, que acabó con la vida de cuatro personas y produjo importantes daños materiales en Alicante, los representantes de los mediadores de seguros y los consumidores ofrecieron ayer datos reveladores sobre la riada, y llegaron a la conclusión de que si la Generalitat hubiera ejecutado las obras necesarias para evitar inundaciones, detalladas en un informe técnico fechado once años antes, en 1986, las consecuencias de la tormenta hubieran sido "bien distintas".El aguacero ("que no gota fría") del 30 de septiembre de 1997, descargó sobre Alicante un total de 267 litros por metros cuadrado en apenas seis horas, con especial intensidad entre las 13 y las 14.30 horas. En las semanas posteriores, el teléfono de emergencia habilitado por el Colegio de mediadores de seguros atendió hasta 3.500 llamadas, y este organismo, encargado de tramitar indemnizaciones por catástrofes naturales, tramitó más de 10.000 expedientes. La mayoría de ellos se referían a daños ocasionados por las lluvias en viviendas (hasta 7.000 expedientes), seguidos de los 3.000 vehículos y 490 comercios afectados.

Cuatro meses después, exactamente el 15 de enero de 1998, los 77 peritos desplazados a Alicante finalizaron el trabajo administrativo, y tramitaron el pago de 8.000 millones de pesetas por daños confirmados. Las consecuencias de la riada fueron mucho más elevadas, dado que no se contabilizan el deterioro sufrido por las instalaciones públicas ni ese 25% de consumidores que habitualmente no asegura sus propiedades adecuadamente.

Según relató Antonio Francisco Valls, presidente del Colegio Oficial de Mediadores de Seguros de Alicante, un informe técnico encargado en 1982, acabado en 1986 y asumido por las autoridades locales al incluirlo en el planeamiento urbanístico de la ciudad, indicaba con todo detalle las obras públicas que se debían acometer para evitar desastres naturales de esta índole en Alicante.

El autor del estudio fue Antonio Gil Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, que se puso a trabajar tras las inundaciones de 1982, también de dramáticas consecuencias. Pero la Administración pública no cumplió con el plan de actuación propuesto, y en 1997 se repitió la historia.

De las obras que figuran en ese informe, sólo la canalización del Barranco de las Ovejas se acometió en tiempo y forma, "y eso evitó que los barrios de Polígono Babel y San Gabriel" se vieran afectados en 1997, según aseguró Valls.

No fue hasta que otras lluvias torrenciales asolaran la ciudad cuando el entonces consejero de Obras Públicas del PP, Luis Fernando Cartagena, comprometiera inversiones por importe de 17.000 millones de pesetas para que Alicante dejara de ser una ciudad con peligro de sufrir riadas. La totalidad de aquellos proyectos están en marcha, pero su ejecución no finalizará, como anunció el Consell, en diciembre de este año. "Si mañana sobreviniera un aguacero igual que aquel, las consecuencias serían imprevisibles", señalan los mediadores de seguros.

Pedro Hernández, secretario general de la Unión de Consumidores de Alicante (UCE), acusó al Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana de ser "poco diligente" en la solución del problema, a lo que sumó los efectos colaterales que las obras en marcha ocasionan a usuarios y comerciantes. "Es evidente que se ha hecho un esfuerzo inversor en cuanto a planteamientos técnicos que evitarán el problema endémico en Alicante de las inundaciones, pero las inversiones deberían ir más rápidas y las obras ocasiones menos perjuicios a los ciudadanos", dijo.

Según la UCE, el avance de la tecnología permite con relativa facilidad realizar obras en el subsuelo sin necesidad de tener las calles levantadas durante meses, "algo que siempre resulta muy incómodo y va en detrimento de la calidad de vida". Según la teoría de Hernández, el Consell no ha contratado maquinaria moderna "porque resulta más cara, lo que significa que los intereses ciudadanos no se contabilizan a la hora de programar las obras".