Gibraltar busca un acuerdo con Londres para consolidarse como paraíso fiscal

Al Gobierno español le resultan indiferentes los cambios que puedan introducir en sus relaciones el Reino Unido y su colonia de Gibraltar "siempre y cuando no afecten al Tratado de Utrecht", de 1713, que deja claro que "si el Reino Unido cede su soberanía deberá hacerlo a España". El director de la Oficina de Información Diplomática (OID), Joaquín Pérez Villanueva, respondía así a la ideas adelantadas por el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, de negociar con el Reino Unido un cambio en su actual Constitución para dejar de ser colonia británica y convertirse en un territorio con un estatuto similar al de las islas del Canal de la Mancha y asegurar así la condición de paraíso fiscal del Peñón.

"Si desean más autonomía, el Gobierno local de Gibraltar debería estudiar con más detenimiento la propuesta formulada por el ministro Abel Matutes en diciembre de 1997", señaló Pérez Villanueva. Caruana, en una reciente visita privada a Madrid, expresó su deseo de modificar la Constitución otorgada por los británicos a su colonia, para convertirla en un territorio dependiente del Reino Unido, "descolonizado" a efectos de las Naciones Unidas. Caruana, que se presentará a la reelección en los próximos meses, explicó ese proyecto de cambio constitucional a un grupo de corresponsales extranjeros y abogó, en conversación con EL PAÍS, por restablecer el diálogo con Madrid bajo la fórmula "tres voces, dos banderas" que ya fue ensayada, y abandonada hace años al no avanzarse en el único tema que interesa a España: la cuestión de la soberanía.El portavoz de Asuntos Exteriores señaló que el Gobierno español no tiene ningún inconveniente en que los gibraltareños "formen parte de la delegación británica. Al revés, sería muy positivo". Para Pérez Villanueva lo que no pueden pretender los gibraltareños es constituirse en una "tercera parte, al margen de los británicos".

El problema de Gibraltar puede además poner a prueba la capacidad real de la UE para acabar con los paraísos fiscales y el lavado de dinero, a lo que se comprometió solemnemente en la última cumbre de Tampere (Finlandia). La intención del Gobierno de Gibraltar con su "cambio constitucional" es disfrutar de la misma situación jurídica que las islas británicas del Canal de la Mancha donde florece un próspero mercado financiero. Ésa sería la fórmula para consolidar, cara al futuro, la que es hoy la principal fuente de ingresos de Gibraltar. La colonia disfruta de una situación excepcional en la UE ya que en su territorio no se aplica el IVA, no forma parte de la Unión Aduanera y goza de un sistema financiero opaco donde también buscan refugio capitales procedentes de España.

El Peñón sigue siendo la piedra en el zapato de las relaciones entre Madrid y Londres, y es un tema que el primer ministro Tony Blair y el presidente del Gobierno, José María Aznar, prefieren dejar en manos de sus ministros de Asuntos Exteriores a fin de no empañar la imagen de sintonía política que a ambos les interesa promover. Las negociaciones de Abel Matutes y su homólogo británico, Robin Cook, se encuentran estancadas. La propuesta Matutes -de recuperación de la soberanía de Gibraltar tras un largo plazo de co-soberanía con los británicos y amplia autonomía para Gibraltar- sigue formalmente "sobre la mesa", en piadosa expresión británica. De hecho, la comisión bilateral, que de acuerdo con el llamado "proceso de Bruselas" debe negociar el futuro de Gibraltar, no se ha reunido este año y no hay previsiones de lo que lo haga.

Apresamiento del "Piraña"

El apresamiento del pesquero Piraña, el pasado enero, la crisis del acuerdo de pesca y el consiguiente conflicto hispano-británico supusieron para Abel Matutes "una dejación de responsabilidades" por parte del Reino Unido -similar a lo sucedido en 1987 al no aplicar el acuerdo sobre el aeropuerto- y demuestran en su opinión la gran capacidad que tienen las autoridades locales de Gibraltar para "alterar las relaciones hispano-británicas". Caruana, en su conversación con EL PAÍS, negó tener responsabilidades en el apresamiento del pesquero andaluz realizado por la policía gibraltareña, que depende directamente del gobernador que designa Londres.En su opinión, su posición política resultó perjudicada por la "crisis del acuerdo de pesca" que se tradujo en un reforzamiento de los controles en la verja y un endurecimiento del diálogo diplomático. Caruana señaló que, pese a todo, el diálogo político directo con Madrid se mantuvo y se estudió una entrevista directa con el ministro Matutes. Una reunión preparatoria con un alto cargo de Exteriores estaba prevista para el pasado mes de junio en Londres, pero fue suspendida en el último momento.

Las críticas formuladas la pasada semana a la política del Gobierno respecto a Gibraltar por el presidente de la Diputación de Cádiz, el socialista Rafael Román, que firmó en Gibraltar una declaración con Caruana en contra de los controles en la verja, además de suscribir un convenio de colaboración en temas educativos, ha irritado en el Palacio de Santa Cruz. Esa propuesta socialista de "buena vecindad" es similar a la política de "cooperación dejando al margen, por los dos lados, el tema de la soberanía" que defiende el portavoz socialista en la Comisión de Exteriores, Rafael Estrella.

Caruana niega vehementemente que en el Peñón no se apliquen "todas" las directivas comunitarias y sostiene que es un centro financiero que se rige por la legislación británica. Su pretensión de volver a la mesa de diálogo con Madrid parece descansar en el convencimiento de que la situación actual de bloqueo diplomático, con controles en la verja y una presión constante de la diplomacia española en Bruselas para impedir que la colonia adquiera nuevas competencias, puede perjudicarle en las próximas elecciones. Pasa por ser el candidato más favorable a un diálogo con España frente a su rival el laborista Joe Bossano. Caruana admite, sin embargo, que negociar sobre el tema de la soberanía, como pretende España, es hoy políticamente imposible dado el clima de hostilidad que existe en el Peñón por actitudes que considera "hostiles" para su población.