Un terreno de batalla

La jugada ha sido un desastre del que nadie sabe ahora cómo salir. Todo comenzó en septiembre de 1998 cuando el Ayuntamiento de Aranjuez (39.000 habitantes), gobernado por el PP, intentó saldar una deuda de 130 millones que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes con la entrega de una finca urbana de 911 metros cuadrados situada frente a los jardines del Príncipe. La idea era que el Consorcio sacase a subasta el terreno, llamado Casa de la Frutería, y, con lo que obtuviese por él, la deuda quedaría saldada. Si sobraba dinero, éste pasaría a las arcas del Ayuntamiento, y si faltaba, el Consorcio reconocería la deuda restante. Con lo que no contaba el Ayuntamiento es con que el Ministerio de Economía y Hacienda estaba al tanto de la operación. Y tenía motivos para hacerlo. La finca era propiedad de Patrimonio del Estado, que se la había cedido al Consistorio en 1990 para que la destinase únicamente a fines públicos.El pasado día 22 de octubre, el Ministerio de Economía firmó una orden, "definitiva en vía administrativa", por la que Patrimonio del Estado recuperaba la finca, ya que se había "incumplido el fin de la cesión" de 1990 (fines de uso y servicio público local). Según la orden, al Ayuntamiento sólo le queda ya la posibilidad de interponer un recurso de reposición o acudir directamente a la Audiencia Nacional para solventar el conflicto. A causa de esta decisión del Gobierno, el alcalde, José María Cepeda, se ha quedado, de momento, sin parcela, con la deuda íntegra del Consorcio, puesto que la venta no sería legal, y con la posible denuncia de los compradores de la finca, que, a pesar de haber abonado 100 millones al Consorcio, no son dueños de nada.

No obstante, Cepeda considera que este asunto no es más que "un litigio normal entre administraciones", que se resolverá con un nuevo recurso o en la Audiencia Nacional. "Estoy convencido de que los jueces nos darán la razón, pero, si no fuera así, existen otras soluciones". Y explica que si los tribunales apoyan la opinión del ministerio, cuando éste les reclame la parcela no se la darán, sino que le ofrecerán 100 millones, la cantidad por la que fue adjudicada a una promotora. De esta manera, según el alcalde, se solventará el asunto.

El diputado socialista Modesto Nolla niega tajantemente las afirmaciones del regidor y lo explica así: "Lo que dice empeora mucho más el asunto. En primer lugar, Patrimonio Nacional no aceptará nunca los 100 millones que le ofrece el alcalde, porque Patrimonio no se dedica a vender suelo, que yo sepa. En segundo lugar, aunque aceptase los 100 millones, la jugada le habría resultado un poco cara al Consistorio. Primero, porque tiene que buscar 100 millones para pagar a Patrimonio; luego, porque se queda sin parcela, y tercero, porque sigue debiendo 30 millones al Consorcio. Es decir, paga 130 millones en metálico y pierde además unos terrenos en el casco urbano con el fin de saldar una deuda de 130 millones. ¡Genial, por no decir tomadura de pelo!".

Nolla apunta una tercera posibilidad: "Patrimonio no aceptará el dinero. En consecuencia, los adjudicatarios de la subasta [una promotora privada] denunciarán al Ayuntamiento por daños y perjuicios, porque han pagado ya 100 millones por un terreno que no era municipal, tenían unas expectativas de construcción y ahora no tienen nada, porque Patrimonio recuperará la Casa de la Frutería. Con lo cual el Ayuntamiento se queda sin parcela para fines públicos, sigue debiendo 30 millones al Consorcio y además se enfrentará con una denuncia multimillonaria de la constructora".

Nolla añade: "El Ayuntamiento actuó de mala fe en la cesión de la parcela al Consorcio, porque sabía que era de Patrimonio. La prueba es que presentó alegaciones cuando se le informó de que no podía vender los terrenos, y además se las rechazaron". Nolla, que reclama una comparecencia en la Asamblea del consejero de Transportes y presidente del Consorcio, Luis Eduardo Cortés, cree que éste sabía que la parcela era de Patrimonio. "El ministerio, lógicamente, tendría que haber avisado de lo que ocurría tanto al Ayuntamiento como al Consorcio", aventura el diputado socialista.

Luis Eduardo Cortés lo niega, y afirma que desconocía que en el momento de la venta los terrenos no fueran del Ayuntamiento. "A nosotros lo que nos interesaba era cobrar. Además, la parcela nunca fue nuestra. Simplemente actuamos como anunciantes en la subasta. Si los terrenos hubieran sido registrados a nuestro nombre, antes habríamos investigado sus posibles cargas. Los terrenos siempre fueron del Ayuntamiento", destaca. "Cuando Patrimonio nos avisó de todo esto, la parcela ya estaba vendida. Les dijimos que reclamasen en el Ayuntamiento", añade.

Los abogados de la constructora anuncian que, si se confirman todos los extremos, se "querellarán contra el Ayuntamiento" por haberles vendido un terreno de Patrimonio. "Desconocíamos esta historia. Incluso, hemos registrado a nuestro nombre los terrenos. Ni el notario ni el registrador nos avisaron de nada. En el Registro, además, no había ninguna anotación. No entendemos qué ha podido pasar".

La promotora anuncia que seguirá adelante con su proyecto, que incluye la construcción de 30 viviendas frente a los jardines del Príncipe. "Eso sí, si el Ayuntamiento nos da la licencia de obras", dicen.