El fiscal acusa a un policía de Barajas de exigir dinero a inmigrantes a cambio de no expulsarles

La Fiscalía de Madrid ha solicitado una pena de tres años de cárcel para un agente del Cuerpo Nacional de Policía destinado en el aeropuerto de Barajas que, supuestamente, exigió dinero a dos inmigrantes a cambio, en un caso, de no expulsarle de España y, en otro, de facilitarle la salida de un control policial. El agente, José Manuel F. B., de 45 años, niega las imputaciones y sostiene que simplemente se ofreció a una colombiana para acompañarla por España a cambio de que "le pagase los gastos". El acusado será juzgado por un jurado por un delito de exacciones ilegales.

El fiscal ha podido acreditar dos de las supuestas fechorías de este agente, aunque en el sumario no se descarta que el número de víctimas pueda ser superior. El primero de los dos casos que le atribuye el ministerio público arranca el 17 de marzo de 1998, cuando el acusado se hallaba en la puerta de acceso a la comisaría del aeropuerto de Barajas, "atendiendo al público y facilitando información sobre pasajeros extranjeros que se encontraban en el grupo de inmigración ilegal"."Ese día", explica el fiscal, "se le acercó el ciudadano colombiano John F. V., quien le pidió información sobre su esposa, Marta L. O., que se hallaba retenida en el control policial". El acusado accedió a informarle pero, "a cambio de facilitarle la rápida salida de su esposa, le exigió 20.000 pesetas", cantidad que "John entregó" al agente.

La segunda fechoría la cometió, supuestamente, pasadas las 11 de la mañana del 1 de abril de 1998. El acusado se dirigió ese día a Keila D. R., quien se hallaba en la sala destinada a las llegadas internacionales. La mujer ya había rebasado los controles de documentación y el policía, según el relato del fiscal, la amenazó con expulsarla de España si no le entregaba 300 dólares (unas 46.000 pesetas).

Dinero en metálico

La mujer aceptó y el agente la acompañó entonces hasta la salida de la terminal P-5, donde ella le entregó, en metálico, como él exigió, los 300 dólares, momento en que fue detenido por otros policías."El acusado", cuenta el fiscal, "obtuvo las cantidades citadas tras aparentar ante las víctimas que por su condición de policía estaba facultado tanto para impedir la entrada en España de ciudadanos extranjeros como para expulsarlos".

El fiscal pedirá al tribunal en el juicio que devuelva a las víctimas las cantidades obtenidas ilegalmente.

El abogado del agente asegura que los hechos no sucedieron como relatan las supuestas víctimas. Afirma que José Manuel F. B. "no ha mantenido contacto en ningún momento" con John F. V. (el ciudadano colombiano que afirma que tuvo que dar al policía 20.000 pesetas a cambio de que facilitase la salida de su esposa del control policial).

El agente no niega, en cambio, haber conocido a Keila, natural de Colombia. Señala que el 1 de abril de 1998, Keila se le acercó y le preguntó por una parada de taxi y un hotel en el que alojarse. Según el policía, ella le dijo que "tenía pensado pasar unos días de vacaciones en España y visitar Madrid, Toledo y Barcelona", y que entonces él se ofreció a acompañarla "por esas ciudades a cambio de que le pagase los gastos". Según el agente, Keila aceptó y le ofreció 300 dólares. Minutos después, la chica le pidió que la acompañase a la parada de taxi para, una vez allí, entregarle los 300 dólares. El policía lo cuenta así en su escrito de defensa: "Paré un taxi y le ayude a introducir el equipaje, momento en el que se produjo la entrega voluntaria del dinero. En ese momento, llegaron otros policías, pidieron a Keila que se identificase y ésta, asustada, les preguntó si la iban a deportar, y ante ese temor les dijo que ya me había dado dinero. Dinero que me había entregado voluntariamente", remacha el agente policial, que ha sido apartado de su puesto en Barajas.

Ni el juez instructor del caso, el titular del Juzgado 25 de la plaza de Castilla, ni el fiscal creen esta versión. Por eso, José Manuel F. B tendrá que sentarse en el banquillo (aun no hay fecha del juicio) para ser juzgado por nueve personas.