El gobernante y la televisión JOSEP RAMONEDA
Vuelve el debate sobre los medios de comunicación públicos, y esta vez puede que algo se mueva por obra y gracia del nuevo equilibrio político catalán. La voluntad de los gobernantes sólo acostumbra a atender a una razón: las relaciones de fuerza. Éstas han cambiado después de las últimas elecciones. La radio y la televisión públicas catalanas son un buen lugar para hacer visible que las cosas ya no son como eran. La oposición va a jugar fuerte esta carta. El Gobierno catalán -el actual y el que se formará dentro de unos días- no tiene ningún interés en dejar de intervenir políticamente los medios públicos catalanes y en especial sus informativos. No es ningún juicio de intenciones. Diecinueve años de gobierno nacionalista lo confirman. Pero además forma parte del comportamiento universal de los gobernantes, sin apenas excepciones. Se cita siempre el ejemplo inglés. Pero si la BBC está razonablemente protegida de intromisión gubernamental no es por falta de voluntad de los gobernantes, sino porque la tradición en una de las democracias más consolidadas del mundo ha establecido barreras difíciles de franquear. Y los propios periodistas de la BBC son conscientes de lo que representan, de que con su independencia defienden algo que es esencial en cualquier democracia: el pluralismo. La Thatcher, por ejemplo, quiso intervenir pero no pudo.El sistema democrático parte de una concepción más bien pesimista, es decir realista, del hombre. La historia demuestra que el que tiene poder siempre quiere más y que el poder y el abuso van unidos a la manera de hacer de este sujeto llamado hombre. Para paliar esta insaciable voluntad de poder, la democracia construye una serie de mecanismos destinados a limitar los abusos. Ello no impide que todo gobernante elegido democráticamente, al llegar al poder, piense en permanecer el máximo tiempo posible. Para este fin los medios de comunicación públicos son muy apetitosos: controlar los mensajes que llegan a la ciudadanía da una indudable posición de ventaja. Una posición que el privilegio de conceder emisoras de radio o de televisión optimiza porque crea relaciones de deuda con los medios de comunicación privados que, a menudo, se traducen en la información. O las reglas del juego hacen prácticamente imposibles las pretensiones del gobernante o éste salta por encima de cualquier obstáculo. Y las reglas del juego son las leyes, pero también la tradición y los usos. Las docilidades periodísticas facilitan mucho la tarea de los gobernantes.
En Cataluña, como en España, ni las normas ni las tradiciones operan a favor de la independencia de los medios públicos. Efectivamente, es un principio constitucional que los gobiernos tienen que velar por el pluralismo y desde esta perspectiva se entiende el papel de los medios de comunicación públicos. Pero hay una confusión sobre la democracia muy extendida entre los gobernantes que se utiliza para legitimar el control informativo de las radios y televisiones públicas. Me refiero a la idea de que el sufragio universal otorga cierta hegemonía social a quien gana las elecciones que debe expresarse en el modo colectivo de entender las cosas. Las elecciones catalanas nos han ofrecido una reducción al absurdo de esta idea porque han otorgado dos hegemonías, es decir, ninguna. Por esto quizá esta vez sea posible que cambie algo en los medios de comunicación públicos.
Vuelvo a la cuestión de fondo: ¿qué otorga el sufragio universal? El derecho a gobernar a aquellos que sean capaces de conformar una mayoría parlamentaria. Ni más ni menos. De ello a deducir que el que gana las elecciones tiene derecho a ejercer una hegemonía ideológica, social e incluso económica sobre la sociedad hay un abismo. Un abismo que, sin embargo, los partidos no dudan en saltarse, aunque algunos se hayan roto la crisma en el intento. Llega un gobernante al poder y da por supuesto que su punto de vista tiene prioridad sobre cualquier otro y que la coyuntural hegemonía política que da el sufragio universal -en democracia el gobernante siempre está de paso- da derecho a construir un sistema de intereses económicos que asegure fidelidades y sumisiones. Es el territorio de la corrupción y de lo clientelar como modo de agigantar las hegemonías.
Los gobernantes olvidan que por lo general no cuentan con un apoyo superior al 30% del censo. Son mayorías sensiblemente minoritarias. Su hegemonía es una fantasía. Y, sin embargo, interpretan siempre que el sufragio universal les da derecho a algo más que a gobernar: a decidir sobre lo que conviene y lo que no conviene, sobre lo que toca y lo que no toca, sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Sin duda, los cambios en la sociedad -ya sean estructurales o en el sistema de valores y mentalidades- influyen en los resultados electorales. Hay ideas que en un momento dado cunden en una sociedad y tienen su traducción en la representación política. Ciertamente, hay gobiernos que llegan después de un cierto cambio de hegemonía en la sociedad, como el del PSOE en 1982. Pero precisamente esta experiencia nos sirve para entender qué ocurre cuando un partido se considera depositario de un mandato que va más allá de lo que el sufragio universal otorga. Algunos creyeron que la mayoría era hegemonía y que ésta daba impunidad. Y pasó lo que pasó.
El sufragio universal da legitimidad para gobernar. Esto es todo. Y la Constitución ordena gobernar desde el respeto al pluralismo. Pero el voto no tiene que ver ni con la verdad, ni con el bien, por más que los gobernantes tengan tendencia a alimentar esta confusión. Si somos mayoría es lógico que esto se refleje en la sociedad, dicen. El razonamiento tiene sus consecuencias: el reparto por cuotas. Es la concesión que hace el que gobierna porque por lo común le garantiza la mayoría en las distintas instancias en que se aplica y le da el acuerdo cómplice de los otros partidos. La máxima expresión de este criterio, aplicado a los medios de comunicación públicos, fue la solución a la italiana: una cadena de televisión para cada uno. ¿Mejor que lo que tenemos? Quizá. Pero tan alejado de la idea de pluralismo y de independencia de los medios públicos como el actual modelo de dependencia directa del que manda. La independencia sólo la pueden garantizar los profesionales de la información, protegidos por las leyes y por una autoestima que les impermeabilice de las insinuaciones del que gobierna. Que el modelo británico sea posible en Cataluña depende de los políticos, pero también de los periodistas
