El Tribunal Vasco de Cuentas cuestiona si son necesarias las 260 sociedades públicas actuales El organismo fiscalizador elevará su informe al Parlamento antes de fin de año

Las empresas coparticipadas por el sector público y privado han proliferado en los últimos años. El Tribunal Vasco de Cuentas está ultimando un informe, que elevará al Parlamento antes de que finalice este año, en el que detalla todas las sociedades existentes en Euskadi en las que alguna administración (Gobierno vasco, diputaciones o ayuntamientos) tiene más del 10% de participación. El rastreo ha permitido hallar al menos 260. El informe cuestionará al Parlamento si son necesarias tantas sociedades, nacidas, en teoría, para agilizar la gestión pública.

El disponer de este informe servirá para que las administraciones vascas conozcan el conglomerado de sociedades públicas que existe en Euskadi y se planteen si no existe un exceso. El Parlamento encargó al Tribunal de Cuentas este informe el año pasado ante la constatación de que las sociedades con participación pública estaban creciendo. Se trata del primer listado con todas las empresas y sociedades participadas directa o indirectamente por alguna de las tres administraciones vascas.La Administración recurre a las sociedades mercantiles para descentralizar su gestión y porque, al poder regirse por el Derecho Privado, encuentra menos trabas a la hora de realizar algunos trámites burocráticos, como, por ejemplo, la simplificación de la contratación. La Ley de Contratos del Estado tan sólo se limita a reseñar que las sociedades públicas regidas por el Derecho Privado contratarán atendiendo a los principios de concurrencia, mérito y capacidad. No dice más. Se trata de un artículo muy general y poco preciso.

El Tribunal de Cuentas ha reiterado en varias ocasiones a la Administración que no acuda a la creación de sociedades pública, salvo que poderosas razones de eficacia y eficiencia así lo avalen. El presidente del Tribunal, Rafael Iturriaga, es el más firme valedor de este principio. "En el informe vamos a plantear al Parlamento las múltiples dudas que nos asaltan al comprobar cómo crecen y crecen estas sociedades. Por ejemplo, ¿quién corre con los riesgos de endeudamiento?, ¿se trata de Administración pura y dura?", explica. Según Iturriaga, el trabajo es necesario porque la administración ya no se parece en nada a la idea que se tenía de la misma hace veinte años.

En 1984, el Gobierno vasco sólo disponía de diez sociedades públicas. Hoy cuenta con 75 sociedades en las que su participación supera el 51%, otras 17 en las que no llega al 50% y otras nueve en las participa de manera indirecta.

Cuando el Parlamento reciba el informe tendrá que decidir si las 260 sociedades públicas que existen en la actualidad son demasiadas. Si considera que con excesivas, deberá instar al Gobierno a reducir su número. Este debate ya está presente en el propio Ejecutivo.

Solapamientos

El auditor jefe del Tribunal de Cuentas y uno de los autores del informe, José Miguel Bonilla, puntualiza que el principal problema es que se están dando solapamientos y duplicidades en los cometidos de las sociedades mercantiles. "Hay que reacionalizar el mapa de sociedades públicas y reconducirlo hacia un número razonable", indica Bonilla.

"Hay algunas actividades", opina a título personal, "en las que es lógico que la Administración recurra al Derecho Privado a través de las sociedades públicas porque sus competidores también lo hacen, pero también es cierto que para otras muchas actividades no hace falta crear este tipo de empresas".

El trabajo permitirá arrojar luz sobre la forma de afrontar el endeudamiento de las sociedades públicas. En las empresas en que el capital público supere el 51% el endeudamiento va a pasar por los Presupuestos Generales del País Vasco, dice Bonilla. En las sociedades donde una sola administración no posea la mayoría, pero el capital se reparta a partes iguales entre Gobierno, una diputación y un ayuntamiento, los presupuestos de cada institución tendrán que hacerse cargo de la deuda correspondiente. "Si la sociedad no genera ingresos, alguien tiene que poner dinero para mantener la actividad. En cualquier caso, la Administración pagará, como mínimo, lo que corresponde a su participación", recalca el auditor jefe.

La tendencia a crear sociedades públicas es general en los países de la Unión Europea desde hace veinte años al entender que la gestión mediante el derecho privado es más ágil. En el caso de Euskadi, desde 1979 hasta la actualidad se han creado 260 sociedades, es decir, que el movimiento de creación de empresas públicas regidas por el derecho privado se da con el inicio de la democracia.