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Los padres del español condenado a muerte en Florida rechazan la conmutación de la pena

"Como madre y aunque me duela, no aceptaremos la conmutación de la pena de muerte de mi hijo. Es inocente", declaró ayer en Madrid Sara Pérez, la madre de Joaquín José Martínez, el español condenado a muerte acusado del asesinato de dos personas el 27 de octubre de 1995. El próximo martes 2 de noviembre, el Tribunal Supremo del Estado de Florida celebrará la última vista oral sobre el caso. Y después decidirá si rechaza la apelación del acusado, quien alega que se violaron sus derechos, o es necesario repetir el proceso.

"Antes de comenzar el juicio ya le ofrecieron conmutarle la pena, pero él dice que no es culpable y prefiere morir antes que estar en la cárcel de por vida", aseguró la madre de Martínez, quien viajó ayer a Florida, en compañía de su marido, para estar presente en la vista oral, donde se presentarán los alegatos finales y que se celebrará en la capital del Estado, Tallahassee.Sin embargo, en el sumario de la apelación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa pide la repetición del juicio o la conmutación de la pena capital por la de cadena perpetua. "Él no piensa cambiar su pena por otra", insistía ayer Joaquín Martínez, el padre.

La defensa basa su petición para que se repita el juicio en dos argumentos fundamentales: Martínez no fue informado en el momento de su detención de que, como ciudadano español, tenía derecho al consejo y la asistencia legal del Consulado de España, lo que viola el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ratificado por EEUU. El otro argumento es la nefasta defensa que tuvo el español durante el juicio, que incluyó el asentimiento del abogado -sin el conocimiento del defendido- para que se cambiara en varias ocasiones la hora oficial del asesinato de las dos víctimas. De esta manera las coartadas que presentaba Joaquín José Martínez quedaban rápidamente desmontadas por la fiscalía. "Fue una defensa terrible", afirma Peter Raben, el actual abogado del español.

"Las aberraciones jurídicas que se han producido en este caso lo hacen todavía más sangrante", afirmó el senador Juan José Nieto, uno de los representantes españoles que ha visitado a Martínez en el corredor de la muerte en Florida y que se ha implicado en la causa para evitar la ejecución del condenado. "La paradoja es que el país que se presenta como el abanderado de los derechos humanos en el mundo, los incumple en su propio territorio", añadió.

Después de la vista oral del martes, el Tribunal Supremo de Florida tiene un plazo indefinido para emitir su veredicto. Tanto los familiares de Martínez como las diversas organizaciones que les apoyan esperan que el fallo sea positivo. Según Craig Waters, portavoz del Tribunal Supremo en Tallahasse, en la última década han concedido nuevos juicios "en más de un 40% de las apelaciones de condenados a muerte".

"Es como si tuviéramos un hijo en coma y no supiéramos si va salir de él o no", explicó Joaquín Martínez padre. "Llevamos en esto cuatro años y más de 900.000 kilómetros recorridos. Empezamos los dos [el matrimonio] y ahora somos cientos de miles de personas las que estamos luchando en esto".

Manifestaciones

A las seis de la tarde del martes, y coincidiendo con la hora del inicio de la vista oral en Florida, el Movimiento contra la Intolerancia ha convocado manifestaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Gijón, Badajoz y Jerez de la Frontera en protesta por la condena a muerte a Martínez. En Madrid la concentración se celebrará ante la Embajada de Estados Unidos.

"Se han documentado casos de ejecutados en Estados Unidos por error", subrayó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) en España. En los últimos meses tres extranjeros -dos alemanes y un canadiense- han sido ejecutados con la vulneración de sus derechos recogidos en la Convención de Viena", añadió Beltrán, quien aportó el dato de que entre Estados Unidos, la República de Congo, Irán y China suman el 80% de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo. "Igual que nos exportan [EEUU] hamburguesas y coca-cola puede llegar un momento en que nos exporten la pena de muerte. En Centroamérica se están importando camillas y jeringuillas", opinó el padre de Martínez.

José Joaquín Martínez fue condenado a muerte después de que un jurado le encontrara culpable de la muerte de Douglas R. Lawson y Sherrie McCoy-Ward, tiroteado él y apuñalada ella. Uno de los testimonios fundamentales fue el de la novia del propio Martínez, quien le arrancó una confesión tras descubrir que éste se había acostado con una amiga.

El peor enemigo, el propio abogado

Un infome hecho público ayer por Anmistía Internacional (AI) revela que uno de los peores enemigos de Joaquín José Martínez durante su proceso judicial por doble asesinato no fue ni el fiscal, ni los testigos en contra, ni siquiera las posibles fisuras del sistema jurídico estadounidense, sino el propio abogado del acusado, designado de oficio, quien cometió "graves errores y negligencias" que concluyeron en la condena a muerte del acusado por un tribunal de Tampa.Según AI, el abogado Thomas Fox realizó durante el juicio declaraciones públicas en las que afirmaba creer en la pena de muerte; además permitió que varios testigos cambiaran sustancialmente sus testimonios sobre Martínez de manera que le desfavorecían. Fox no objetó nada a este cambio repentino en las declaraciones. AI asegura que ni siquiera pidió ser oído por el juez.

La organización internacional de defensa de derechos humanos señala que el letrado "contribuyó a desorientar al jurado, al no objetar tampoco los dos cambios de la hora del crimen promovidas por la fiscalía de Florida para evitar la coartada de Joaquín José Martínez cuando se cometió el crimen. Juez y partes omitieron instruir debidamente al jurado sobre estos puntos".

"Se trata de una falta de asistencia legal efectiva", declaró ayer Esteban Beltrán, director de AI en España.

Los cadáveres de Douglas R. Lawson y Sherrie McCoy-Ward aparecieron en avanzado estado de descomposición, por lo que, al contrario de otros casos, el establecimiento de la hora del crimen resultó más complicado. En un principio la fiscalía estableció que el doble asesinato se produjo entre las siete menos diez de la tarde -hora en la que Martínez salía de casa de su hermano- y las ocho, momento en que llegó a casa de su novia. Según el fiscal general de Florida, Bob Butterworth, "Martínez no ha podido probar nunca dónde se encontraba en ese momento".

El abogado recomendó a Martínez que se declarara culpable para poder pactar con la fiscalía una condena a cadena perpetua, pero éste siempre proclamó su inocencia, por lo que su negativa le costó una sentencia de muerte.

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