El Gobierno ceutí desvía 200 millones previstos para asuntos sociales a sueldos y mobiliario

El Gobierno de Ceuta, presidido por el GIL y que cuenta con el apoyo de Susana Bermúdez, diputada tránsfuga del PSOE, ha aprobado una modificación presupuestaria que desvía 200 millones de pesetas. Esta partida, prevista para servicios sociales, sanitarios y educativos, se destinará a la remuneración del personal de confianza contratado y los gastos de protocolo y mobiliario, según denunció ayer, en el pleno de la Asamblea, el PP.Este expediente de modificación de crédito ha sido duramente criticado por la oposición, en la que se encuentran tanto el PP como el PSOE y el PDSC, "porque sacrifica y reduce gastos en servicios sociales para incrementar sueldos", según afirmó el portavoz de los populares, Juan Vivas.

La aprobación de esta modificación ha supuesto, entre otras, la desaparición de una partida de 35 millones para obras en barriadas, de otra de 7 para un programa de detección del cáncer de mama y de una más de 10 para el funcionamiento de guarderías y diversas instituciones de carácter social.

Este montante se ha suprimido para librar unos 55 millones dedicados a los sueldos de los directores generales, los coordinadores y los asesores relativos a los tres últimos meses del año. Las partidas restantes se refieren a los gastos de adquisición de material y muebles para las distintas consejerías y unos 20 millones para la Presidencia de Antonio Sampietro.

El PP denuncia además que se ha duplicado el número de cargos de libre designación con salarios a cuenta de la institución autonómica ceutí, pasando en el organigrama de 20 a 40. "Y todavía no han terminado con los nombramientos", afirma el representante popular.

Este suplemento de personal supone un coste aproximado de 183 millones anuales, al que hay que sumar el de los sueldos de los ejecutivos contratados en las empresas municipales, que gestionan el agua, la vivienda y los fondos europeos, además de los pagos por las reuniones de sus consejos de administración -de los que el GIL excluyó a la oposición-, "lo que dispararía los gastos hasta los 275 millones de pesetas anuales", explicó Vivas.

Otra de las polémicas medidas aprobadas por el GIL se refiere a la designación de los directores generales, que no tendrán que ser funcionarios o titulados universitarios, utilizándose el criterio de la "idoneidad para el puesto". A juicio de la oposición ceutí, todo ello "redundará en un empobrecimiento de los niveles de capacitación".