Tres sentencias invalidan el sistema que utiliza el Ayuntamiento para tramitar sus multas de tráfico

Tres sentencias de un juez de lo contencioso-administrativo ponen en entredicho el método empleado en el Ayuntamiento para tramitar multas de tráfico. Los tres fallos, aunque anulan sólo tres sanciones, disparan contra la médula espinal del sistema: la resolución en bloque de expedientes mediante un decreto único. En una de las sentencias, el juez sostiene que la sanción es nula por haber sido "resuelta junto a otras 19.000, sin que exista motivación individualizada". Este tipo de tramitaciones, denominado en la sentencia "actos-masa", no es raro en el Ayuntamiento, donde se imponen diariamente miles de multas.

Las sentencias se dictaron en julio, septiembre y octubre. Todas, sin recurso posible, presentan el mismo contenido: la multa de tráfico queda declarada nula por haber sido resuelta en bloque, sin una atención particular a cada caso.Las sentencias no cuestionan "el propio expediente" -es decir, el motivo de la infracción-, sino "su terminación"; esto es, "la resolución-decreto por la que el concejal de Hacienda [Pedro Bujidos] acuerda la imposición de 19.164 multas por infracción de tráfico, un solo decreto absolutamente ayuno de motivación individualizada". A juicio de José Luis González, de la empresa Gestimpres, letrado que ha recurrido estas sanciones, la interpretación es clara: "No se puede hacer eso de firmar, por parte del concejal, de una tacada, miles de multas sin detenerse en cada una de las sanciones, por muy grande que sea el volumen de multas; es como si un juez condenase a 19.000 delincuentes todos a la vez". La sentencia continúa: "Resulta evidente que no es posible resolver de una sola vez, con una única, mejor, falta de ella, motivación sin referencia individualizadora alguna, por somera que sea, 19.000 sanciones".

Otra de las sentencias alude a la necesidad de la Administración de tramitar con diligencia y rapidez los expedientes administrativos, sin que esta razón disculpe la tramitación en masa: "[Una cosa] es la exigencia de funcionamiento de una organización compleja y otra es la garantía de los ciudadanos".

González asegura que, antes de que se fallara la tercera sentencia, "el Ayuntamiento se asustó mucho e interpuso un incidente de nulidad de actuaciones, una estratagema legal para anular las dos sentencias anteriores, debido a que se le venía abajo todo el procedimiento, pero no sirvió". La tercera de las sentencias abunda en el hecho de que las administraciones públicas "deben actuar conforme al principio de eficacia, pero la aplicación de tal principio no puede pasar por encima de otros principios, también constitucionalizados, cuya última razón de ser es la garantía de los administrados".

El juez de lo contencioso-administrativo considera que los "actos-masa" no tienen cabida a la hora de tramitar multas de tráfico. Estos "actos-masa" se pueden aplicar a resoluciones "de actos que producen efectos favorables en la esfera jurídica de los administrados (nombramientos, concesiones o licencias), y no, como en los sancionadores, cuando producen efectos desfavorables o suspensión o limitación de derechos".

Este periódico intentó en la tarde de ayer, sin éxito, recoger la versión del concejal de Hacienda del Ayuntamiento.