El Gobierno italiano grava a las empresas televisivas con una tasa equivalente al 1% de su facturación
Las televisiones italianas deberán aportar al Estado, a partir del año próximo, una tasa equivalente al 1% de su cifra global de negocio, según una enmienda introducida inesperadamente por el Gobierno durante el trámite de la ley que acompaña a los Presupuestos del 2000. Esta medida se anticipa a una reforma más amplia del sector audiovisual, cuya discusión se alarga en el Senado. El principal afectado por esa disposición es el grupo Mediaset, controlado por Silvio Berlusconi, actual líder de la oposición al Gobierno italiano. Mediaset agrupa a las tres principales cadenas privadas de televisión en abierto, que son Canale 5, Rete 4 e Italia 1.
Dado que estas cadenas emiten por concesión pública, se encuentran sometidas al pago de una aportación anual a un fondo destinado al sostenimiento del sector audiovisual, y principalmente de las pequeñas televisiones locales.
En virtud de esa obligación, cada una de las cadenas de Mediaset aporta algo menos de 50 millones de pesetas al año, según las cifras publicadas ayer por la prensa italiana. Con la medida que el Gobierno se propone convertir en ley, la tasa por este concepto deja de ser una cantidad fija y queda en función de la cifra de negocio.
El resultado de tal operación, de materializarse finalmente en ley, sería una elevación considerable de la tasa a pagar por el grupo privado. La compañía televisiva controlada por el líder de la oposición y sus socios empresariales pasaría a pagar al Estado más de 3.000 millones de pesetas anuales -en función de sus actuales niveles de facturación-, en lugar de los aproximadamente 150 que abona ahora.
También se incrementa la aportación a ese fondo de la radiotelevisión pública (RAI) pero de forma menos importante, dado que el canon fijado era ya muy elevado. La RAI está subvencionada por los contribuyentes, además de captar ingresos publicitarios.
La justificación de esta medida es la de ayudar a la financiación de cerca de 700 emisoras locales de televisión. No todas se encuentran en disposición de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a la redistribución de frecuencias y concesiones que se está planteando en el plan de reforma del sector audiovisual, sometido a largas discusiones parlamentarias y, por ello, de trámite muy lento.
El "fondo de solidaridad" creado por el Gobierno para ayudar a las emisoras pequeñas cuenta con escasos recursos. Vincenzo Vita, alto cargo del Ministerio de la Comunicación, explica la reforma como "un acto de equidad": compensar a las televisiones más pequeñas con el dinero de sus grandes competidores.
Por parte de Mediaset, no hubo ayer comentarios en público respecto a la iniciativa gubernamental. Además de las tres cadenas que posee en Italia, ese grupo televisivo controla el 40% de la cadena española Tele 5 y acaba de suscribir un acuerdo con el grupo alemán Kirch para llevar a cabo una gestión conjunta de actividades de producción televisiva y de captación de recursos comerciales.
