La Comisión Europea obliga a los astilleros públicos españoles a devolver 18.500 millones

La Comisión Europea asestó ayer un severo golpe a la viabilidad de los astilleros públicos al ordenar que devuelvan al Estado 18.451 millones de pesetas (más los intereses). Esa cantidad corresponde a exenciones fiscales adjudicadas en 1998 a los astilleros y que la Comisión ha calificado ahora de ayudas estatales ilegales. La decisión, instada por el nuevo comisario de la Competencia, Mario Monti, supone una derrota para el Gobierno y su ministro de Industria, Josep Piqué, en la larga lista de contenciosos que tiene pendiente con Bruselas en materia de libre competencia, como las ayudas a las eléctricas.

Aunque la cantidad a devolver es relativamente modesta si se compara con el total de ayudas aprobadas en su día por Bruselas en el marco del plan de reconversión de astilleros (229.000 millones de pesetas), supone un duro varapalo para este sector, cuya evolución sigue estando muy por debajo de lo previsto en ese mismo plan de saneamiento. La medida afecta a los astilleros públicos integrados en Aesa, Barreras, Astano, Astander y Juliana.Pese a que la devolución de las ayudas supone una mala noticia para el Gobierno, éste podrá ahora echar a las espaldas de Bruselas la necesidad de realizar nuevos ajustes en un sector particularmente castigado por las reconversiones y con gran capacidad de convocatoria de movilizaciones callejeras.

La Comisión Europea autorizó en 1997 que los astilleros públicos españoles pudieran percibir hasta un máximo de 58.000 millones de pesetas en exenciones fiscales durante el periodo 1995-99. Esta cantidad, que Bruselas precisa que es un tope pero no un derecho automático, se autorizó en base a un régimen específico para el sector debido a que en ese momento no podía acogerse a la ley general española sobre exenciones fiscales.

Creación de la SEPI

Esa circunstancia cambió cuando en el año 1998, y como resultado de la creación del holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los astilleros recibieron el derecho a beneficiarse del régimen general. Sin embargo, los 18.451 millones recibidos en julio de 1998 en concepto de exenciones fiscales se justificaron en virtud del régimen específico aprobado para el plan de reconversión. Bruselas considera que, tras acogerse al régimen general, los astilleros perdieron su derecho a justificar exenciones en virtud del régimen particular, por lo que ha declarado ayudas ilegales esas exenciones, a pesar de que los astilleros no han superado el tope de 58.000 millones acordado en el plan de reconversión.

El Ejecutivo comunitario tomó la decisión de declarar ilegal parte de las ayudas después de analizar a principios de año el sistema de ayudas de España a sus astilleros. La decisión no cuestiona el sistema español en general y acepta que se puedan aplicar tasas fiscales por debajo de lo normal para casos excepcionales sin que suponga ayudas de Estado.

La decisión de la Comisión Europea supone la primera derrota del ministro de Industria, Josep Piqué, en los contenciosos de su departamento que deben ser dirimidos por el nuevo comisario de la competencia, el italiano Mario Monti, quien debe pronunciarse sobre varios contenciosos españoles más.

Es el caso sobre todo de las compensaciones a las compañías eléctricas por los costes de su transición a la libre competencia (los llamados CTC), que Bruselas tramita también como ayudas de Estado y que el Gobierno entiende que se deben otorgar en base a la normativa desarrollada en la directiva europea sobre la liberalización eléctrica.

El Gobierno, que ha aprobado la concesión de 1,3 billones de pesetas a las eléctricas, ha llevado el caso al Tribunal de Luxemburgo. También dependen del comisario Mario Monti otros casos emblemáticos: la financiación de las televisiones públicas y la llamada acción de oro (golden share), como se conoce a la ley aprobada por el Gobierno socialista para mantener el control estratégico de los antiguos monopolios,como Telefónica o Repsol