Mafias municipales

LOS DIRIGENTES del PSOE han actuado con rapidez ante el intento de soborno a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para que no votase la moción de censura presentada por su partido y el Andalucista contra el alcalde socialista de la localidad. El ejecutor de la operación, secretario del PSOE local, fue expulsado de inmediato, y su presunto beneficiario, el ya ex alcalde tras el triunfo de la moción que se intentó evitar, suspendido de militancia mientras se averigua si tuvo conocimiento o participó en alguna medida en el intento. Almunia ha calificado de chorizos a los implicados, diciendo que, en el caso del expulsado, "más que indicios había hechos": documentados en letras ya firmadas, dinero negro en bolsas de deporte y billetes de avión.Esas medidas valen como reacción inmediata, pero no bastan. El PSOE está obligado a esclarecer si fue una iniciativa particular del secretario local o si ésta u otras instancias más altas del partido están implicadas. La dimisión de dos concejales y militantes locales destacados, a modo de protesta política, ética y personal, obliga todavía más a este esclarecimiento. Igualmente debe iluminarse el origen de los 50 millones de pesetas utilizados para el soborno y si existen intereses inmobiliarios de por medio.Y ello, al margen de lo que la justicia pueda investigar; y al margen también del aire de virgen ofendida con que el secretario general del PP, Javier Arenas, ha advertido de que el caso Sanlúcar marcará el final de la legislatura.

Los casos de corrupción en el ámbito municipal, mediante dinero, promesas de cargos o de beneficios urbanísticos, están más que acreditados y afectan a casi todos los partidos políticos. Pero relacionarlos con la financiación irregular de los partidos es confundir el pretexto con la cosa. La cosa es que en los municipios con más expectativas de negocio turístico se ha desarrollado una mafia que trafica con terrenos y que necesita de complicidades en los consistorios para obtener recalificaciones, licencias, permisos. Gil no es el único que ha descubierto la relación entre el ayuntamiento y el negocio.

El caso más parecido al de Sanlúcar es el de Calvià, Mallorca, donde se intentó sobornar a un edil socialista para sacar adelante la moción de censura presentada por el PP contra el alcalde del PSOE. Y en la misma provincia de Cádiz, la fiscalía investiga por qué el anterior alcalde de Tarifa, un independiente misteriosamente apoyado por el PP, intentó recalificar un bosque de 426 hectáreas declarado no urbanizable para construir un complejo turístico de lujo, y por qué el actual regidor, un antiguo militante de IU aupado al cargo con el apoyo del PP, insiste en sacar adelante el proyecto. Sin olvidar a la vecina Barbate, donde el PP debe responder, también, de acusaciones similares.

Tal vez haya llegado el momento de que los partidos, además de intercambiar reproches, se pongan de acuerdo para hacer frente a esa coalición entre mafiosos y ediles venales. Un paso en esa línea fue el acuerdo alcanzado en junio de 1997 entre el Gobierno y la Federación de Municipios para promover un pacto mediante el que los partidos se comprometen a no apoyar mociones de censura propiciadas por concejales tránsfugas. El transfuguismo no tiene por qué estar motivado siempre por intereses espurios. Pero la experiencia muestra que linda frecuentemente con la corrupción. Al tránsfuga no se le puede despojar del cargo, lo que a veces tampoco sería procedente, pero sí se puede limitar drásticamente su margen de maniobra si los partidos renuncian a beneficiarse de su voto.