El Gobierno recurre al Tribunal de Justicia de la UE para poder dar el billón a las eléctricas

Mientras oficialmente sigue negociando en Bruselas, el Gobierno ha decidido pasar a la ofensiva para defender los denominados costes de transición a la competencia (CTC) por importe de 1,3 billones pactados con las eléctricas en 1998. Sin publicidad alguna, el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE para que anule la decisión del 8 de julio de la Comisión Europea que calificó los CTC como ayudas de Estado encubiertas. El ministro de Industria, Josep Piqué, que calificó de "mero trámite" aquella decisión, reiteró ayer que el Gobierno "tiene razón" en su planteamiento y es optimista sobre el desenlace.

La presentación del recurso, lógica si se tiene en cuenta que el Gobierno español defiende que los CTC no son ayudas de Estado, sorprende, no obstante, por el hecho de que se lleve a cabo mientras Industria todavía mantiene negociaciones con Bruselas para modificar el criterio expresado por la Comisión en julio. La semana pasada, por ejemplo, Piqué dio su punto de vista durante dos horas, acompañado de todo tipo de material infográfico, al nuevo comisario de la Competencia, Mario Monti, al que pidió información sobre la marcha del expediente de los CTC en España. El recurso presentado supone, en cualquier caso, elevar varios grados el enfrentamiento que Piqué mantiene con la Comisión e introducir una cautela ante una decisión definitiva contraria a los intereses del Gobierno.

La decisión de Bruselas de considerar los CTC como ayudas de Estado supuso un importante varapalo para las empresas del sector -temen una sustancial rebaja de la cantidad pactada con Industria- y para el ministro Piqué, que sigue defendiendo la idea de que los 1,3 billones son una compensación necesaria para asegurar el equilibrio económico-financiero de las empresas y, por lo tanto, tienen que ser autorizados.

El recurso del Reino de España contra la decisión de Bruselas del 8 de julio está firmado por la abogada del Estado Rosario Silva Lapuerta, tramitado a través de la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea y lleva fecha del pasado 29 de septiembre. Los portavoces de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y de Industria confirmaron ayer su interposición.

En su escrito, la abogada del Estado solicita al Tribunal "que anule la decisión de la Comisión de 8 de julio de 1999, relativa a la solicitud, presentada por el Gobierno español, de un régimen transitorio con arreglo al artículo 24 de la directiva 96/92/CE [de liberalización], sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y condene en costas a la Institución demandada [la Comisión Europea]".

Para las compañías eléctricas, el freno de Bruselas supone un enorme contratiempo. Desde que alcanzaron el acuerdo con el Ministerio de Industria, en septiembre de 1998, dieron prácticamente por hecho el cobro de las ayudas -pactadas para 10 años- e incluso dieron por hecho que la mayor parte de las mismas -un billón de los 1,3 pactados- los cobrarían por adelantado mediante la denominada titulización, es decir, la colocación en el mercado de deuda, garantizada con el 4,5% de la tarifa eléctrica.

Pese a la polémica, las compañías aplican el acuerdo alcanzado con Industria y en el primer cuatrimestre del año -últimos datos disponibles- ya habían ingresado cerca de 46.000 millones de pesetas en concepto de CTC. Además, seguirán cobrando mientras dure el proceso y, en el caso de que la última decisión sea en contra, tendrán que devolver la ayuda no reconocida.

El recurso a los tribunales demuestra que el Ejecutivo español está dispuesto a defender la tesis, favorable a las compañías, de que los CTC pueden acogerse a los supuestos de ayudas excepcionales contemplados por la directiva europea de liberalización. Éstos se permiten (no en metálico, sino con medidas administrativas), cuando se trata de proteger compromisos contraídos por las empresas previamente a la entrada en vigor de la directiva, y siempre que estén directamente relacionados con la red de transporte, el desglose contable o la organización de acceso a la red (artículo 24).

Frente a la idea de Industria y de las empresas -que las eléctricas han aceptado adelantar la apertura del mercado más allá de lo que marca la normativa europea, lo que redundará en beneficio de los usuarios y por ello, son precisas compensaciones que aseguren su equilibrio financiero-, el anterior presidente de la CNSE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dimitió de su cargo tras sostener una espectacular polémica con el Ministerio de Industria, sostuvo siempre que las ayudas no tenían sentido. Y ello, porque la Ley Eléctrica de 1997 condicionaba el pago de los CTC a una serie de variables como la evolución del consumo y de los tipos de interés, que podría determinar que incluso al final, las eléctricas tuviesen que devolver dinero.

Desde Industria, Piqué sigue defendiendo que la cifra de 1,3 billones de pesetas es "prudente" y ha sido bien calculada, pero el recurso al Tribunal de Luxemburgo parece indicar que el Gobierno no confía al 100% en que las opiniones del ministro convenzan al colegio de comisarios en Bruselas. La polémica es seguida atentamente por países como Austria, Dinamarca, Francia, Holanda y Reino Unido, que preparan planes de liberalización para el sector eléctrico.