Las compañías lograron de Industria la posibilidad de cobrar por adelantado la cantidad fijada para la década

La cifra de 1,3 billones de CTC pactada finalmente por Industria con las eléctricas fue fruto de una larga negociación. Se trataba de abrir un sector -cuasi monopolista, cerrado- y modificar el denominado Marco Legal Estable para introducir la competencia.Las empresas, con la Ley Eléctrica de 1997, aceptaban, teóricamente, un cambio de marco legal que les aseguraba unos determinados ingresos. A cambio, en el protocolo de la ley, y en función de unas determinadas variables como consumo o evolución de tipos de interés, las empresas adquirían el derecho a cobrar una retribución "máxima" por costes de transición a la competencia (CTC).La cantidad que se debía cobrar, como máximo y en el periodo de 10 años, quedó fijada en 1,6 billones de pesetas más 295.000 millones como incentivo al consumo de carbón nacional. La entrada en vigor de la Ley Eléctrica demostró escasos efectos sobre la competencia en los primeros meses de 1998 e Industria, a través del entonces secretario de Estado de la Energía, Nemesio Fernández-Cuesta, llamó a negociar a las compañías medidas de liberalización adicionales. Fernández-Cuesta y las eléctricas acordaron reducir los niveles de consumo exigidos a los usuarios para elegir suministrador (de 15 gigavatios/hora a 5 gigavatios el 1 de enero de 1999), bajar las tarifas de acceso y los pagos de garantía de potencia, reducir las tarifas un 2,5% en 1999 y un 1% en el 2000 y en el 2001 y reducir la cantidad máxima de CTC establecida en la Ley Eléctrica en 257.000 millones.

¿Qué obtenían a cambio las eléctricas? La conversión de un derecho teórico, el cobro de 1,3 billones de CTC en 10 años (1,6 si se tienen en cuenta las ayudas al carbón) y en función de determinadas variables, en un derecho firme e inmediato, puesto que el Gobierno aceptó que las eléctricas titulizaran, es decir, colocaran en el mercado, a través de los bancos, un billón de los 1,3 reconocidos. El diseño pactado en septiembre de 1998 empezó a tambalearse cuando Bruselas examinó la operación.