Golf y hoteles de lujo a cambio de pinos

El negocio es redondo. Se compra a buen precio un bosque de pino piñonero a la orilla misma del mar de Cádiz -un lugar paradisiaco donde ya los romanos levantaron Baelo Claudia- y se convierte en un complejo turístico de lujo: hoteles, apartamentos, hasta verdes campos de golf en una zona de sequía endémica. Sólo hay un problema. La ley del suelo lo prohíbe expresamente. La finca El Chaparral -una extensión de 426 hectáreas junto a las ruinas de Bolonia, término municipal de Tarifa- está calificada como "no urbanizable" por su indudable "interés ambiental". O lo que es lo mismo: muy bonita para la vista, pero improductiva para el bolsillo. ¿Qué se hace entonces?La respuesta descansa en el despacho del fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, a quien el PSOE de Tarifa acaba de entregar un informe en el que se destapan los presuntos tejemanejes del anterior alcalde, José Fuentes Pacheco, un independiente que intentó, gracias al apoyo político del PP, recalificar la zona a cambio de -según denuncia el PSOE- una suculenta mordida.

¿El método? No tiene desperdicio. Aunque sin llegar a ser tan burdo como el de Sanlúcar de Barrameda -contratos firmados, dinero negro en bolsas de deporte, billetes de avión-, el ex alcalde de Tarifa sí llegó a estampar su firma en un papel -reproducido aquí- de dudosa validez legal.

Todo empezó en septiembre de 1997. Un abogado de Cádiz, diciendo representar a gente muy solvente de Madrid, contacta con un conocido intermediario de Tarifa -lo que de toda la vida se conoce vulgarmente como un conseguidor-. Le hace saber que sus clientes están muy interesados en edificar en la finca El Chaparral. El conseguidor -según relató él mismo a este periódico- se lo comunica al alcalde Fuentes a la vez que le advierte de la necesidad de recalificar el terreno para permitir su urbanización. El alcalde no sólo dice que sí, que no hay problemas, sino que además escribe una carta -con sello municipal, membrete y registro oficial de salida- en la que, entre otras cosas, promete: "Se podrían convenir las modificaciones y distintas actuaciones dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa a fin de que su proyecto se realice en nuestro municipio".

Dicho en román paladino: el alcalde, sin encomendarse en ningún momento al pleno municipal, se compromete por escrito ante unos particulares a cambiar la ley del suelo para convertir el bosque de pino piñonero en un complejo hotelero con 1.200 camas y un campo de golf de 27 hoyos.

¿Solamente a cambio del bien común? También la contestación a esta pregunta puede estar descansando en el despacho del fiscal jefe de Cádiz. Una conversación telefónica entre dos intermediarios, grabada furtivamente, habla de la comisión -en millones de pesetas- que pudieron llevarse algunos miembros del Gobierno municipal.

Habla un intermediario: "Pues el alcalde se ha llevado 25 millones...". Responde el otro conseguidor, presunto pagador de la mordida: "Todo no era para él... Hay más gente, más gente".

Saltan en la conversación -suministrada por el PSOE de Tarifa al fiscal de Cádiz para que éste, a su vez, se la remita a la Fiscalía Anticorrupción- algunos nombres propios, también la insinuación de que militantes del TAIP (Tarifa Agrupación Independiente Popular) y del PP, su apoyo en el Gobierno municipal, están en el ajo. Los aludidos -ya fuera del Gobierno de Tarifa- lo niegan todo, pero el papel firmado, la conversación grabada y un extraño convenio -rubricado el 20 de enero de este año- entre el alcalde y los nuevos dueños de El Chaparral extienden el olor a chamusquina. Merced al referido convenio -firmado por el alcalde Fuentes y un británico llamado Francis Anthony Napoli, domiciliado en Gibraltar-, el Ayuntamiento de Tarifa se embolsa 75 millones de pesetas a cambio nada menos que del futuro éxito de la operación.

Lo más sorprendente del caso es que, en el momento de firmar el acuerdo, el alcalde Fuentes -y presumiblemente sus socios del PP- tenía sobre la mesa un informe de la Junta de Andalucía en el que se le advertía, sin ningún genero de dudas, de la imposibilidad de recalificar una finca de tantísimo interés forestal. El actual alcalde, Juan Andrés Gil, expulsado de IU después de ser aupado al cargo por el apoyo del TAIP y el PP, quiere sacar el proyecto adelante y ahora -diez meses después de haber sido firmado en secreto- ha sacado el convenio a exposición pública.

El nuevo escándalo urbanístico -en el tejado del TAIP y de sus socios del PP- no surge precisamente en una isla desierta. La costa de Cádiz se está convirtiendo, una vez exprimidas las de Málaga y Huelva, en el objetivo preferido de los especuladores. Aparte del incordio ocasional del viento de Levante, la zona se ha mantenido virgen gracias a las vastísimas posesiones del Ejército en el Estrecho. De ahí que el actual proceso de enajenación de los terrenos militares no haga más que complicar el problema.

Y, de fondo, la batalla política. Los socialistas -por boca de su secretario de Política Municipal, Alfonso Perales- no se andan con rodeos y acusan a los líderes del PP de poner de moda el litoral gaditano -Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja veranean en ellas, el primero en Tarifa y el segundo en Zahara de los Atunes- y de apadrinar después "oscuras operaciones urbanísticas".