La defensa pide la nulidad de la investigación a 5 guardias civiles

La Audiencia de Valencia suspendió ayer el juicio contra cinco agentes de la Guardia Civil acusados de contrabando de tabaco atendiendo a la petición de varios de los abogados defensores, que solicitaron la anulación de toda la investigación al entender que las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos los procesados fueron ilegales. La Fiscalía solicita penas de tres años de prisión para los cinco miembros del instituto armado, dos de ellos sargentos. Uno de los letrados que defendieron la ilegalidad de las pesquisas, Juan Carlos Navarro, sostuvo la inconstitucionalidad de las escuchas telefónicas. En su opinión, no existían argumentos que facultaran al juez encargado del caso, Luis Francisco de Jorge, para acordar la intervención de los teléfonos, una decisión que no se puede adoptar sin motivación clara. Además, la Guardia Civil no aportó las grabaciones de las conversaciones de los supuestos contrabandistas, y los 300 folios de transcripciones no fueron certificados, tal como exige la ley, por el secretario judicial.

A la vista de estos argumentos, replicados por el ministerio fiscal, el tribunal optó por suspender el juicio para estudiar el asunto. En caso de aceptar los argumentos de la defensa, la investigación sería declarada nula y los agentes quedarían en libertad sin cargos. De otra forma, la vista se celebraría de nuevo. El fiscal también solicita una multa de 15 millones de pesetas para cada uno de los procesados, que fueron sorprendidos cuando descargaban más de 20.000 cajetillas de tabaco rubio de un buque de bandera argelina. Los cigarrillos iban destinados a la exportación y, por tanto, estaban exentos del pago de tasas, lo que hubiera abaratado considerablemente su valor de haber sido puestos a la venta en el mercado español.