El nuevo presidente del ICO está imputado en un caso de fraude fiscal

Alejandro Pedrós, nombrado el pasado viernes presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Consejo de Ministros, está acusado por la Fiscalía de Barcelona de un delito contra la Hacienda pública. La acusación pública pide para Pedrós una pena de dos años de prisión menor y una multa de 250 millones de pesetas, así como la pena de inhabilitación para cargo público, al considerarle colaborador en la ocultación a Hacienda de los beneficios obtenidos por uno de sus clientes en la venta de una empresa.

El nombramiento de Pedrós fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado, firmado por el vicepresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Rato. Se da la circunstancia de que fue el departamento de Hacienda el que instó la investigación judicial del caso en el que está imputado Pedrós. Según el fiscal, el presidente del ICO colaboró "directamente en el proyecto" de ocultar a Hacienda las plusvalías obtenidas por el empresario Armando Lasauca en la venta de su cadena de tiendas Massimo Dutti al grupo Inditex. Tras la operación, realizada en 1992, Hacienda consideró que podía existir un delito, por lo que remitió el expediente a la Fiscalía de Barcelona. Ésta acabó presentando una querella ante un juzgado de Mataró y en marzo pasado año remitió su escrito de acusación. La Fiscalía de Barcelona pide también una indemnización para Hacienda de 219 millones. El ICO está adscrito a la Secretaría de Estado de Economía. El pasado viernes, tras la reunión del Gabinete, el ministro portavoz, Josep Piqué, alabó los méritos de Pedrós, con quien dijo tener una relación personal, y añadió: "El hecho de ser catalán y haber sido profesor mío no han sido las razones por las que ha sido designado, sino porque tiene suficientes méritos propios". Pedrós fue candidato a alcalde de Barcelona en 1983 por Alianza Popular (AP). En octubre de 1995, fue repescado por José María Aznar para el PP.