La UE busca la forma de armonizar su política de inmigración y asilo

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que comenzarán a llegar hoy a Tampere (Finlandia), quieren pactar una política común de inmigración y asilo para hacer frente a uno de los desafíos ciertos del siglo XXI: la presión migratoria en las puertas de la UE no dejará de crecer en los próximos años y amenaza con desestabilizar el equilibrio interno de Europa.

El ascenso de la extrema derecha en Austria, Francia o Alemania y los brotes xenófobos en otros países europeos, entre ellos España, se relacionan directamente con el ascenso de la inmigración ilegal, un fenómeno que según todas las previsiones no dejará de crecer en la medida que el foso que separa a los países ricos y pobres no deje de crecer.La UE, sin embargo, no quiere que se la contemple como una Europa-fortaleza, blindada frente al exterior, y pone especial énfasis en la necesidad de potenciar el diálogo con los países en los que se origina la emigración.

El presidente del Gobierno español, José María Aznar y el primer ministro británico, Tony Blair, propusieron en una carta conjunta al resto de los países miembros "una estrategia de co-desarrollo" con los países de origen de los emigrantes "que tenga como objetivo la lucha contra la pobreza".

Redes clandestinas

El Gobierno español también quiere que se negocie con los países de origen convenios para la readmisión de inmigrantes ilegales, considerados como "víctimas" de las redes clandestinas de emigración ilegal.En cualquier caso, España y Francia se oponen a cualquier fórmula de "reparto obligatorio" de inmigrantes o refugiados, en función de un sistema de cuotas entre los Quince, para repartir la carga migratoria de forma proporcional entre todos los países de la Unión Europea.

España alega que esta fórmula -que tienen pocas posiblidades de prosperar- es un "absurdo" dado que no se puede forzar a ningún asilado, una vez admitid, a residir en un determinado país europeo.

El presidente del Gobierno español ha propuesto crear un fondo de ayuda a los países que reciben más inmigrantes o asilados a fin de ejercer la "solidaridad europea" de una forma no coercitiva.

España es un país donde la inmigración y el asilo no es un problema político o social, al margen de los brotes xenófobos que han registrado últimamente. Según cifras oficiales, los residentes legales en España a 31 de diciembre de 1998 eran 719.647, de los que 380.927 eran ciudadanos de países de la propia Unión Europea.

Por tanto, 338.720 eran los ciudadanos del resto del mundo que residián legalmente en España. Aunque no existe una cifra oficial de inmigración ilegal, en medios policiales se calcula que la cifra de ciudadanos sin papeles oscila entre 100.000 y 200.000.

España es aún más restrictiva en política de asilo. De las 6.764 solicitudes formuladas el pasado año se atendieron 253, según cifras oficiales.

Amnistía Internacional (AI) criticó en un comunicado que los Quince concedieran en 1998 asilo a menos de 30.000 personas. Para esta organización de defensa de los derechos humano, los planes de actuación que prepara la UE se centran más en impedir la emigración hacia la UE que en la causa de la afluencia de refugiados: "el desprecio de los derechos humanos que existe en sus países de origen."

Cumbre de Tampere

La cumbre de Tampere, en la que Aznar tiene un papel destacado como promotor de un espacio común de seguridad, justicia y libertad en la UE, se basa en un mandato del Tratado de Amsterdam que exige que se establezcan políticas comunes de asilo, inmigración y lucha contra el crimen organizado antes del 2004, en el marco de la libre circulación de personas en el territorio comunitario.En Tampere también se abordarán las políticas de cooperación policial y judicial en las que España desea acabar con la excepción del "delíto político" en los procedimientos de extradición.