Entre el vandalismo y la guerrilla urbana

Cuando el domingo a mediodía, una manifestación de airados jóvenes radicales empezó a reventar lunas de bancos y cajas en el barrio de Sants de Barcelona, los comercios vecinos se apresuraron a cerrar sus puertas. A la postre y salvo casos excepcionales, resultó una medida innecesaria. Los manifestantes sabían a donde dirigir los pedruscos -"grandes, inmensos", recuerda una vecina del barrio- y los cohetes caseros: todos iban dirigidos contra los representantes de la propiedad más tradicional: bancos, cajas de ahorros y oficinas de compraventa de inmuebles.La manifestación sembró de violencia un tramo de la calle de Sants de menos de medio kilómetro (entre la plaza de Sants y la calle de Brasil) en el que hay 22 entidades bancarias. La primera se salvó. Las otras registraron destrozos diversos, tanto más grandes cuanto más ganaban en experiencia. En la esquina de Sants con Brasil, donde se inició la dispersión de los agresores, hay no menos de media docena de sucursales. Alguna de ellas no tenía ayer ni un solo vidrio sano.

Otros comercios, en cambio, superaron el día sin daños. Es el caso de la sex shop Erotic Palace. La persona que la atiende, Fernando Sánchez, ni siquiera pensó en cerrar. Sabía, por anteriores ocasiones, que cuando ocurren cosas como la del domingo por la mañana en su local no entra nadie. "Espantan la clientela, pero luego ya se normalizó y vinieron los de siempre: pocos, porque era día festivo".

Los comercios que estaban abiertos optaron, mayoritariamente por cerrar. "Nunca sabes lo que va a pasar", explica Raquel Expósito, que trabaja en la panadería El Molí Vell y que reconoce que pasó "mucho miedo". Y añade: "Lo que hicieron no es normal. Está bien reivindicar los derechos, pero de otra forma". Es de la misma opinión Fernando Sánchez: "Yo también he ido a manifestaciones, pero no hace falta prender fuego a las cosas ni destrozar los edificios". Un camarero del café Jamaica, a quien sus compañeros llaman Rodri, lo tiene más claro: "Eran okupas, está claro. Fueron a por bancos y empresas de fincas".

María Teresa Ortín tiene una tienda de ropas justo en el punto donde se inició la manifestación. No abrió. "Mi marido se enteró de que había dos manifestaciones y decidimos que mejor dejar las puertas cerradas". La puerta metálica de su comercio tiene varias pintadas pero, explica, "no son del domingo. Llevan meses. Es que limpiamos y vuelven a pintar. Así no hay manera".

Una manifestación, la que causó los destrozos, estaba convocada para protestar por otra, convocada por los seguidores del ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Su presencia autorizada causa casi tanta desazón en algunos como los destrozos. Es, entre otras, la opinión de una dependienta de la tienda Tomo II.

A escasísimos metros de la plaza de Sants hay una pastelería que tiene la luna rota. Su propietaria explica, sin embargo, que no es consecuencia de la manifestación. Dos noches antes, un borracho quiso comer pasteles gratis. Unos metros más arriba hay un kiosco a cuyo lado permanecen los restos de los contenedores de basuras quemados por los manifestantes en un intento de formar una especie de barricada frente a la presencia de la policía. El quiosquero optó por cerrar. Su mujer está convencida de que la manifestación era claramente política porque, dice, "iban todos contra todos".

Varios jubilados, sentados en un banco frente a una entidad bancaria arrasada, contemplan los trabajos de sustituir los cristales rotos. Sus explicaciones son confusas. Recuerdan el estruendo, pero atribuyen la vorágine a la actuación de grupos skins que "celebraban el día de la raza", según uno de ellos.

De los 26 detenidos, 19 eran okupas y 4 independentistas radicales. La policía ultimaba ayer los interrogatorios y tenía previsto ponerlos hoy a disposición del juez, acusados de agresiones a personas, destrozos, desórdenes y atentado a la autoridad. Los partidos políticos sin excepción condenaron ayer los actos de violencia. El ayuntamiento, que actuará como acusación particular contra los detenidos, estima los costes de los destrozos de mobiliario urbano en unos cinco millones de pesetas. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, calificó los actos de "violencia gratuita".