Lisboa desafía a la CE y lleva su veto al BSCH al Tribunal de Luxemburgo

El ministro de Finanzas en funciones, António Sousa Franco, el principal opositor a la alianza del BSCH con el grupo Champalimaud, confirmó ayer que su departamento remitió el martes al Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo, un recurso sobre la decisión comunitaria del pasado 20 de julio que declaró ilegal el veto de Lisboa al mencionado acuerdo. Fuentes financieras lusas consideran que el citado recurso "pretende dilatar el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea".

Bruselas notificó ayer mismo al Gobierno portugués su dictamen motivado contra el veto gubernamental a la alianza hispano-lusa.El recurso del ministro de Finanzas, cuya salida del Gobierno parece segura tras las elecciones del pasado domingo, forma parte de la estrategia del Ejecutivo en funciones de Lisboa para provocar un laberinto jurídico que retrase la solución al conflicto, una vez que la Comisión Europea dio ayer un plazo de siete días para que el Gobierno socialista acate la suspensión del veto o responda debidamente al dictamen comunitario.En caso de que no lo hiciera, la Comisión denunciará al Ejecutivo lisboeta ante el Tribunal de Justicia europeo, que podría decretar la suspensión cautelar de la citada decisión, a la luz de la legislación comunitaria.

Ante ese ultimátum, previsto desde hace días, el Ministerio de Finanzas ha adoptado la postura de recurrir la decisión inicial de Bruselas, no el dictamen anunciado ayer (dado que ni siquiera lo han recibido por los cauces correspondientes), con el objetivo de que el Tribunal Europeo tenga que estudiar, primero, el citado recurso y, de esta forma, dilate el proceso de infracción y las previsibles medidas cautelares del mencionado tribunal.

El comunicado del Ministerio de Finanzas supone un abierto desafío a las autoridades de la Comisión Europea, contra quienes el Gobierno de Lisboa ya aseguró que libraría una batalla "hasta las últimas consecuencias".

Mediación

El Ejecutivo de Lisboa no está dispuesto a ceder un ápice en este conflicto, que pretende sea resuelto con su mediación directa entre las partes. Lisboa no acepta que un grupo importante de la banca nacional pudiera ser controlado por instituciones españolas y está forzando la negociación con el Banco Comercial Portugués (BCP), que ya presentó una oferta pública de compra (OPA) para adquirir los bancos del grupo Champalimaud.El ministro de Finanzas en funciones, António Sousa Franco, envió el lunes una carta al presidente del BCP, Jorge Jardim Gonçalves, en la que le trasmitía "su no oposición a la compra" de esas entidades lusas, cuya operación debería contar también con la luz verde del Banco de Portugal, un simple trámite que verá la luz en los próximos días.

En nombre de la Comisión Europea, el comisario de la Competencia, Mario Monti, lanzó ayer una dura advertencia al Gobierno portugués. "Ésta es la última oportunidad para que olvide los discursos y simplemente cumpla sus obligaciones como Estado miembro [de la UE]" afirmó.

Según Monti, "Portugal lleva casi cuatro meses ignorando el derecho comunitario". Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press lamentaron además que, con su actitud, el Gobierno portugués ya ha consumado el daño "porque la fusión [BSCH-Champalimaud] no se producirá en los términos previstos".

Ayer, la cotización de los títulos de Mundial Confiança (grupo Champalimaud) cayeron un 22,2% en la Bolsa de Lisboa.