El Parlamento insta al Gobierno andaluz a ir a los tribunales para exigir transferencias del Estado

El Parlamento andaluz aprobó ayer una propuesta de resolución por la que se insta al Ejecutivo autónomo a acudir a los tribunales para exigir al Gobierno central un mejor trato para la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado, tras un enconado pleno de cuatro horas en el que se debatieron las repercusiones de las cuentas estatales en Andalucía. Aún con las cuentas estatales por cerrar, el Gobierno andaluz anunció ayer que el próximo presupuesto autonómico rondará los 2,7 billones de pesetas, cerca de un 4% más que en 1999.

La batería de propuestas refrendadas ayer va desde un aumento de los fondos de nivelación y compensación, hasta más dinero para el AVE a Málaga, el censo o el aumento de las inversiones.Los socialistas, que apoyaron prácticamente la totalidad de las iniciativas de IU y PA, añadieron dos puntos a las suyas, en los que se conmina al Ejecutivo de la Junta a "utilizar" los medios en derecho a su alcance para reclamar las demandas aprobadas por la Cámara andaluza a iniciativa de su grupo, además de por la vía constitucional -como ha venido haciendo desde 1996 con todos los PGE-, también por la "jurisdiccional" en aquellas propuestas que corresponda, lo que deja la puerta abierta para recurrir, si procede, a los tribunales ordinarios.Entre las propuestas que salieron adelante, el PA formuló el pago de la deuda histórica, la misma evolución de Participación Ingresos del Estado (PIE) que el resto de las comunidades autónomas, más infraestructuras, el incremento de la partida para el AVE a Málaga, 6.000 millones para la autovía Córdoba-Málaga, o que se reclame la financiación europea para los Juegos del Mediterráneo del 2005.

Los socialistas incidieron también en la PIE, el reconocimiento del censo, aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial, más inversiones hasta el equivalente del peso en población de Andalucía, actualmente en 18,5%, así como recursos hidráulicos urgentes con carácter prioritario.

IU sumó los fondos del antiguo PER, la solicitud de una reunión de la comisión mixta de transferencias y que el Gobierno regional cuantifique detalladamente las cantidades adeudadas por la Administración central.

Las cuatro propuestas presentadas por el PP, y que la propia presidenta regional difundió en conferencia de prensa antes del pleno, fueron rechazadas. Teófila Martínez presentó como novedad, tras entrevistarse ayer con los ministros de Economía y Administraciones Públicas, una antigua propuesta del Gobierno central, según la cual, el Ejecutivo andaluz debe aceptar el actual sistema de financiación y, a cambio, Madrid aplicaría el censo real de población. Los socialistas calificaron la iniciativa de "chantaje".

Arcas de la UE

Por su parte, el Consejo del Gobierno andaluz, continuó ayer, en su reunión semanal, con la discursión sobre el anteproyecto de ley de los presupuestos autonómicos para el 2000. El portavoz del Ejecutivo regional, Rafael Camacho, recordó que el 80% de los ingresos que contabiliza la Junta "provienen del exterior" y subrayó que los fondos que vienen de las cuentas del Estado y de las arcas de la UE, están pendientes de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado y del reparto del dinero asignado a Bruselas al plan de desarrollo regional español para el periodo 2000-2007, informa Alejandro Bolaños.

Camacho, en sintonía con lo manifestado por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, el pasado lunes, exigió al Gobierno central que respete el reparto indicativo entre las regiones comunitarias que ha realizado la Comisión Europea de los fondos acordados en la cumbre de Berlín, el pasado mes de marzo. La nueva ponderación de estos criterios (población, tasa de paro y renta per cápita), beneficia a Andalucía que acapararía el 40% de los 6,3 billones de pesetas asignados como fondos estructurales a España. "Por ahora es sólo una expectativa financiera", dijo Camacho, quien recordó que "ese dinero viene aquí porque existen regiones como Andalucía" para argumentar su reclamación.

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