Bruselas da el último aviso a Lisboa para que retire su veto a la alianza BSCH-Champalimaud

La Comisión Europea aprobará mañana el dictamen motivado con que se inicia la segunda fase del procedimiento de infracción contra Portugal por su veto, considerado ilegal por Bruselas, a la concentración del Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el grupo Champalimaud. Eso significa que si en una semana Lisboa no ha dado marcha atrás, el Ejecutivo comunitario denunciará al Gobierno portugués ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para que éste tome medidas cautelares de carácter urgente y le doblegue. Mientras, ayer el Banco de Portugal limitó al 10% los derechos de voto de los dos socios en los bancos que controlan.

El procedimiento de infracción por violación del derecho de la competencia fue abierto el 8 de septiembre con la carta de emplazamiento, a la vista de que Lisboa no suspendió su veto a la operación. Ahora, la segunda fase va mucho más al fondo. El dictamen motivado, ya redactado por los técnicos del gabinete de Mario Monti, será aprobado mañana por el Ejecutivo.El dictamen emplaza a Lisboa a que responda satisfactoriamente a las acusaciones de conculcar el derecho de la competencia y, más concretamente, de desafiar las atribuciones de Bruselas en la materia. Si no la da, o no retira el veto, la Comisión enviará el caso al TJCE. El plazo que se da al Gobierno luso para contestar es corto, de una semana a contar desde la fecha de notificación. Como el papeleo tardará dos o tres días desde que se apruebe mañana, el requerimiento surtirá efecto en unos 10 días.

El Tribunal puede tardar menos de un mes en adoptar las medidas urgentes. Medios del departamento de Monti mostraban ayer su confianza en que Lisboa acatará las decisiones de Luxemburgo. Basaban ese optimismo en que el primer ministro, António Guterres, declaró recientemente que en caso de desatarse un conflicto entre un Gobierno y la Comisión, es al Tribunal a quien corresponde dirimir.

La decisión de abrir la segunda fase se adoptará oficialmente por el colegio de comisarios mañana. Todo ello sucede pocas horas después de que se hayan celebrado las elecciones generales en Portugal. Aunque en Bruselas se desliga oficialmente una cosa de otra, distintas fuentes aseguran que el Ejecutivo ha preferido aplazar esa decisión hasta la celebración de los comicios, para que no interfiriera en el debate.

La Comisión solicita al Tribunal comunitario la adopción de medidas cautelares o provisionales. Concretamente, que ordene a Lisboa la suspensión de su decisión del 18 de junio por la que vetaba la concentración basándose en el derecho prudencial interno. Asimismo, la suspensión de las decisiones concatenadas, adoptadas por el Ministerio de Finanzas y el Instituto de Seguros de Portugal, que limitó en el 10% el derecho de voto del accionista mayoritario -el grupo Champalimaud- en Mundial Confiança. A esa cadena se unió ayer el Banco de Portugal, que comunicó al BSCH y a Champalimaud la misma restricción, al 10%, de sus derechos conjuntos de voto en los tres bancos controlados por ambos: el Pinto & Sotto Mayor, el Totta & Açores y el Crédito Predial Portugués.

Manteniendo la línea del Gobierno, el Banco de Portugal justifica su decisión en una supuesta opacidad sobre los verdaderos propietarios de los bancos, que, a su juicio, dificulta la supervisión de la gestión y puede causar serios daños a su desarrollo. El BSCH compró el 40% de Mundial Confiança, que posee la mayoría de las acciones, en cascada, de los bancos. La decisión ya había sido comunicada al empresario luso, pero fue hecha pública ayer a través del Boletín de la Bolsa de Lisboa. Se señala que los tres bancos deberán comunicar a la entidad supervisora "toda modificación de las circunstancias, fundamentalmente de las relaciones de dominio en Mundial Confiança, de las que pudiera resultar la suspensión o levantamiento de la presente inhibición".