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Tribuna:LA POLÍTICA INFORMATIVA DE RTVE

Un modelo preelectoral de televisión pública

El autor denuncia la manipulación de los telediarios y exige a los partidos que se comprometan a establecer de una vez por todas un modelo independiente y plural.

Tras la vuelta de vacaciones, los telediarios de TVE han estrenado un formato fijo de gran originalidad que, aunque construido sobre antiguos ensayos, se presenta ahora con una depuración casi perfecta: primero, el presidente, José María Aznar, o alguno de sus ministros económicos, Rodrigo Rato de preferencia, ensalzan los logros de su Gobierno; luego, Javier Arenas, sustituido en ocasiones por su antiguo número dos, Manuel Pimentel, introduce duras acusaciones y críticas contra la oposición socialista, confrontadas a la solidez y al firme "avance en el progreso" del Partido Popular; finalmente, el PSOE aparece en pantalla bajo la forma de procesamientos, de divisiones internas o hablando de otra cosa políticamente inocua. Los restantes partidos tienen la suerte de existir raramente. Y los deportes, los sucesos y las noticias del corazón completan el resto de los informativos.El ritual narrativo es tan fielmente seguido cada día y en cada edición que podría ser anunciado con once días de antelación, como manda el reciente decreto del Gobierno, excepto en caso de "sucesos ajenos a la voluntad del operador". Y su más grave consecuencia no es tanto la presunta y dudosa rentabilidad electoral como el insulto a la inteligencia de los telespectadores que implica.

La sorprendentemente escasa polémica levantada sobre esta burda y sistemática manipulación de la televisión pública, salvo debates parlamentarios puntuales, podría explicarse por varios factores. En primer lugar, el hecho de que estas técnicas no desentonan del doctrinal dominante en los restantes programas informativos, especialmente en las tertulias y "debates", y hasta resultan superadas por el sectarismo reinante en los contenidos de Radio Nacional de España. Pero, sobre todo, porque la dirección general de Pío Cabanillas ha disfrutado desde su nombramiento de un prolongado periodo de gracia, más que proporcional a las expectativas que suscitó. Quizás por el renombre negociador de su apellido o por su perfil profesional. O por la suerte de encontrarse con un consejo de administración todavía más mermado y menos díscolo. En buena medida, seguramente porque la gestión de Fernando López Amor -llamado luego a más altas misiones en los satélites españoles- pareció tocar el suelo de la degradación del servicio público.

Desde noviembre del pasado año, la nueva dirección de RTVE ha puesto el acento en sus logros financieros, especialmente en la reducción de la deuda acumulada, cuyo descenso previsto frente a 1998 ha sido calificado incluso de "hito histórico" de la década. Sin embargo, y sin restar méritos gerenciales a Cabanillas, es evidente que el factor fundamental de esas cifras estriba en los espléndidos regalos concedidos por el Gobierno: compensación -justificada ciertamente- por la privatización de Retevisión, devolución millonaria del IVA e incluso permiso para vender la participación en el satélite digital que el Gobierno impulsó aventureramente en la entonces calificada de plataforma "pública". Los restantes méritos ostentados son ya, desgraciadamente, clásicos en TVE: el liderazgo de audiencias como meta máxima, no necesariamente consustancial a la televisión pública; un fuerte incremento de la captación publicitaria difícilmente compatible con el servicio público y con la propia legislación; más reducción de empleo, que nada dice de las nuevas cooptaciones producidas.

Esta generosidad económica del Gobierno, sin traducción en unas subvenciones formales ridículas, no impedirá que la deuda de RTVE ascienda en el próximo fin de año a la astronómica cantidad de 580.000 millones de pesetas y sitúa las previsiones oficiales para finales del año 2000 en poco menos de 700.000 millones de endeudamiento. RTVE sigue, pues, estando en situación de quiebra técnica y legal, y continúa en un agujero negro económico sin viabilidad ni salida divisable.

A cambio de esas relativamente leves quitas de deuda, el Gobierno ha impuesto la continuidad de los principales responsables de información y contenidos, ha ninguneado a la subcomisión creada en el Congreso durante más de año y medio y aprieta ahora el acelerador de la tergiversación informativa cuando todavía, asegura, no está en campaña electoral.

De la misma forma que consiguió aplazar sine die la creación de una autoridad audiovisual independiente, homologable a la existente en todos los países desarrollados, ahora el portavoz gubernamental, Josep Piqué, anuncia que el nuevo modelo de RTVE se pospone a la próxima legislatura.

Hace casi un año, en estas mismas páginas, escribí proponiendo, además de la "dimisión" del director López Amor, un auténtico pacto de Estado que cambiara paz y equilibrio económico por pluralismo democrático en RTVE. Y ello no sólo porque así lo manda el Estatuto de 1980 (objetividad, veracidad, imparcialidad, respeto al pluralismo), sino especialmente porque en un terreno tan simbólico y sensible, y deteriorado en España, como es el de la televisión pública resulta inimaginable un modelo económico equilibrado de futuro sin un amplio consenso político y social, una viabilidad financiera sin previa recuperación de la credibilidad.

Lamentablemente, en mi opinión, Cabanillas ha seguido el consejo al revés y ha cambiado una precaria comodidad económica por una manumisión sostenida y acrecentada de la información y los contenidos. Corre así el riesgo de acreditarse como buen administrador de una empresa que avanza lenta pero inexorablemente hacia la ruina y como mal negociador en un puesto que resulta inevitablemente político. Pagará así un alto coste hasta las elecciones generales y, presumiblemente, deberá afrontar un coste cada vez más caro por futuros regalos financieros.

No serviría ahora de mucho pedir la dimisión de Cabanillas, que con seguridad vendría a ser sustituido por un gestor peor e igualmente complaciente. Pero, más allá de estas circunstancias concretas, y en previsión de los tiempos preelectorales que se avecinan, habría que reclamar a todos los partidos políticos y candidatos un compromiso público y explícito, a fechas fijas, con un auténtico modelo independiente y plural de servicio público televisivo en RTVE y en los canales regionales vigilado por autoridades audiovisuales autónomas. Como piedra de toque decisiva de su talante democrático, como prueba a contrario de su voluntad autoritaria y de su desprecio por los ciudadanos.

Pese a que corren ciertamente malos tiempos para la lírica comunicativa, hay síntomas esperanzadores, como la promesa ejemplar en ese sentido de Pasqual Maragall respecto a la televisión pública catalana o la ampliación del consejo de EITB, que aun de forma minoritaria ha introducido a representantes de entidades ciudadanas en la gestión y control.

Ojalá otros partidos y políticos sepan apreciar pronto también el aburrimiento y el hartazgo que estos "formatos" preestablecidos en las televisiones públicas nos producen hasta a los más sinceros y fervientes partidarios de su pervivencia.

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de octubre de 1999