Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Zaplana acepta la comparecencia de Saura que pide la oposición

"Siempre es bueno que los cargos públicos se expliquen". Asumiendo este principio democrático, tan repetido por el presidente Zaplana y extendido entre sus diputados en esta ocasión a modo de consigna, el PP ha decidido no bloquear la comparecencia ante las Cortes del Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, solicitada formalmente por el grupo parlamentario socialista para que explique la utilización del cargo para un asunto personal.Saura, remiso a dar explicaciones sobre este turbio asunto, tendrá que someterse a las preguntas de los diputados, y explicar por qué desde el principio optó por negar lo que días más tarde se confirmaría como una evidencia.

Y la evidencia no es otra que haber mezclado el ámbito público con el privado en una institución emblemática. El 22 de julio, Luis Fernando Saura, en calidad de Síndic de Greuges, presentó ante la Fiscalía del TSJ una denuncia particular contra la Universidad de Alicante por utilización indebida de su despacho de docente.

El PP apoya la comparecencia, pero no la dimisión de Saura, que también exige la oposición para "dignificar" la institución del Síndic. Se insiste desde los bancos populares que el asunto debe circunscribirse en el terreno de lo personal, "y no es delito lo que hizo", señalaron ayer fuentes del Consell.

Paradojas de la vida, desde que accedió al cargo Luis Fernando Saura ha repetido hasta la saciedad que el óptimo funcionamiento de la institución que dirige depende, fundamentalmente, de la imagen que proyecte a la ciudadanía, a la que anima para que plantee quejas contra la Administración.

Ha basado desde entonces su proyección en los medios informativos, a los que ahora rehúye. "No puedo atenderles porque tengo mucha prisa", se limitó a decir el viernes a los periodistas que montaron guardia durante varias horas frente a su despacho, en Alicante, a los que se negó a recibir.

De la denuncia que Saura envió a la Fiscalía no consta referencia en el registro general de la Sindicatura, lo que podría suponer una irregularidad administrativa, ya que ese expediente llegó al Ministerio Público por vía oficial, según ha certificado el fiscal jefe.

Los partidos de la oposición, PSPV y EU, aseguran que la situación es "insostenible", y que Saura debe dimitir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 1999