Las principales instituciones vascas incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales

El Gobierno vasco, Osakidetza, las tres diputaciones forales, el Ayuntamiento de San Sebastián o el Inem son algunas de las instituciones que incumplen la normativa de seguridad laboral y que engrosan la lista de 680 empresas o entidades con más de 50 trabajadores sancionadas por la Inspección de Trabajo por no haber presentado en plazo un plan de prevención de riesgos laborales, según Comisiones. De enero a agosto pasados, se registraron en Euskadi 67.555 accidentes laborales, casi 4.000 más que en igual periodo de 1998, y fallecieron 58 trabajadores.

La adaptación de la normativa española a las directrices comunitarias de salud en el trabajo ha sido ejemplar, y así lo han destacado en numerosas ocasiones representantes del Gobierno español y de la Unión Europea. La última vez, en la conferencia europea de salud laboral que se celebró la semana pasada en Bilbao. Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica. La avanzada normativa, que tiene su máxima expresión en la ley 10/95 de prevención de riesgos laborales, no sólo no ha disminuido la siniestralidad laboral, sino que no ha evitado su aumento imparable.De enero a agosto de este año han fallecido 58 trabajadores en accidentes laborales, cuatro más que en el mismo periodo del año pasado y 17 más que en los ocho primeros meses de 1997. En conjunto, en ese mismo plazo de tiempo se han registrado este año un total de 67.555 accidentes laborales, frente a 63.832 el año pasado y 58.702 en 1997.

Confebask y los cuatro sindicatos vascos firmaron en diciembre de 1997 un Acuerdo Interconfederal para fomentar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y establecieron un plazo para que todas las empresas vascas realizaran una evaluación de riesgos y presentaran un plan de prevención de accidentes al Instituto Vasco de Seguridad e Higiene en el Trabajo-Osalan.

Este acuerdo entre patronal y sindicatos se vio desarrollado por una iniciativa posterior de la Inspección de Trabajo para impulsar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. La Inspección remitió una carta a todas las empresas públicas y privadas radicadas en el País Vasco requiriéndoles que notificaran el modelo de organización preventiva de riesgos laborales antes del pasado mes de julio.

Multas

Hasta este momento, sólo el 48% de las empresas vascas de 50 a 100 trabajadores y el 64% de las que tienen más de 100 empleados han cumplido con esta obligación, lo que ha motivado la respuesta sancionadora de la Inspección de Trabajo. Este organismo ha impuesto multas de entre 50.000 y 250.000 pesetas a 680 empresas e instituciones públicas y privadas con más de un centenar de personas en su plantilla por no haber presentado, a fecha del pasado 1 de octubre, el preceptivo modelo de organización preventiva. Según una relación que ayer difundió Comisiones Obreras, entre las empresas privadas castigadas con sanciones leves se encuentran Telefónica, Cementos Rezola, Fagor, Ferrovial, el Banco Zaragozano o el Banco Vitalicio, entre otras.

En el ámbito público, la lista incluye a las principales instituciones vascas como el propio Gobierno autónomo, el Parlamento de Vitoria, Osakidetza, el Departamento de Educación, las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya o el Ayuntamiento de San Sebastián, además de otras de la Administración central: el Ministerio de Defensa, el Inem, la Subdelegación del Gobierno en San SEbastián y la Tesorería de la Seguridad Social. La relación también cita a la Real Sociedad y a la Conferencia Episcopal.

Respecto al hecho de que el Gobierno vasco no haya presentado a tiempo un plan de prevención de riesgos laborales, como marca la ley, el director de Osalan, Juan Carlos Coto, señala que "en la Administración hay un retraso en la presentación del plan de riesgos laborales, pero se está actuando". Un incumplimiento que ha motivado que la propia Osalan, para "dinamizar el proceso y ser tractores de la prevención laboral en la Administración", según explica Coto, haya realizado su propia evaluación de riesgos para sus 160 empleados, aunque esta tarea corresponda al Gobierno de Vitoria. Para ello, Osalan ha utilizado el modelo de organización preventiva que ha presentado la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y que todavía no se ha aplicado.

La opinión de CC OO es más dura. Esta central califica de "escandaloso" el incumplimiento de la normativa de salud laboral por parte de las administraciones públicas, destaca "la contradicción entre discursos y práctica" y asegura que las instituciones "como empleadores son las mayores infractoras".

Esta central critica también que la siniestralidad deja en evidencia, más allá de los incumplimientos, los "timos" de algunas empresas que han presentado sus evaluaciones de riesgos laborales. "En el 100% de los accidentes graves y mortales [registrados hasta agosto de este año] se observa que la causa no estaba contemplada en la evaluación hecha por la empresa", asegura el responsable de seguridad laboral del citado sindicato, Jesús Uzkudun.