Archivadas por segunda vez las diligencias del "caso Elejalde"

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha archivado provisionalmente, por segunda vez, las diligencias abiertas por las lesiones que sufrió el activista etarra Fernando Elejalde al ser detenido cuando huía tras haber asesinado a Javier Gómez Elosegi, psicólogo de la cárcel de Martutene, en marzo de 1997.La Audiencia de San Sebastián revocó el anterior sobreseimiento al considerar que no se había agotado la investigación. Sin embargo, en el auto dictado ahora se indica que los nuevos testigos tampoco presenciaron los hechos en su totalidad, si bien sus declaraciones confirman "la existencia de una detención violenta", y que no queda claro que hubiera torturas.

El etarra aseguró que su arresto, tras una persecución en el barrio de Gros por parte de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, fue sin violencia, aunque en su huida se golpeó con un coche, y denunció que sus lesiones, de las que fue atendido dos días después en un hospital, fueron consecuencia de los golpes que recibió al llegar a comisaría. Por su parte, los agentes declararon que tuvieron que reducirle a la fuerza.

El juez indica ahora que el testimonio de un testigo determina "la existencia de una detención violenta" y que los informes médico-forenses señalan que "las lesiones son compatibles con un atropello y con el golpe contundente de un objeto". El abogado de Elejalde, Álvaro Reizabal, ha anunciado que recurrirá.

El caso Elejalde provocó la dimisión del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa por no haber informado a Interior de las lesiones del etarra y originó una fuerte controversia cuando el portavoz del PNV, Joseba Egibar, manifestó que Elejalde había sido trasladado al hospital desde la comisaría porque "ese chico se les iba" debido a las torturas. Varias asociaciones policiales se querellaron por calumnias contra Egibar.

Por otra parte, la Audiencia Nacional condenó ayer a 25 años de prisión al etarra Kepa del Hoyo por el asesinato del policía Daniel Villar, en 1997, así como a indemnizar con 80 millones a sus herederos. Según el tribunal, sus informaciones sobre el agente fueron "imprescindibles" para el crimen.