La Mancomunidad suspende los pagos de la desaladora acordados por Gil

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha suspendido los pagos que la desaladora tiene pendientes mientras no encuentren un modo alternativo de financiación, al considerarlos exagerados.La junta general de Acosol, la empresa de este organismo que gestiona el agua en la zona, revocó ayer los acuerdos tomados con respecto a la financiación de la planta el pasado julio de 1997, cuando todavía era presidida por Jesús Gil. El nuevo presidente, el popular Manuel Sánchez Bracho, ya ha dado orden de no abonar el pagaré de 1.155 millones de pesetas que vencía en julio pasado para saldar parte de los más de 2.000 millones de pesetas de intereses que ha generado.

El vicepresidente del organismo, el socialista Antonio Rodríguez Leal señaló que los aspectos de financiación en torno a la desaladora fijados en esa fecha son "un disparate". Considera desproporcionados tanto el valor de la obra -8.998 millones de pesetas-, como los gastos de mantenimiento que genera -unos 550 millones de pesetas al año-, así como los intereses fijados de la deuda, entre un 12,5% y un 14%.

Sánchez Bracho señaló que en dos semanas se comenzará a elaborar un plan de viabilidad que permita afrontar la deuda global con la concesionaria de la obra, la Unión Temporal de Empresas Decosol. En su opinión, "las buenas realiciones" que mantiene el nuevo gobierno cuatripartito (PP, PSOE, IU y el Grupo Independiente de Benalmádena) con las administraciones le permitirá obtener financiación tanto de la Junta, como del Gobierno Central y de los fondos europeos. En ningún caso, dijo los ciudadanos tendrán que afrontar el pago de estos 11.000 millones de pesetas ya que supondría una subida "inaceptable" del precio del agua.

Ausente

Gil, que no acudió ayer a la comisión gestora al igual que los otros dos vocales que tiene su formación, tan sólo ha pagado 300 millones en concepto de la renovación de un pagaré de idéntica cantidad al suspendido por Sánchez Bracho. En su día aseguró que la financiación de la planta estaba asegurada por la administración autonómica, que se haría cargo del 15% de su precio, y por la UE, con el 85% restante. Pero la entonces oposición no llegó a ver los acuerdos con estas administraciones.

Por otra parte, Rodríguez Leal advirtió de que el vertedero de resíduos sólidos urbanos de Casares está "mal dimensionado" y auguró, con un informe técnico en la mano, que se podría quedar pequeño en dos años si no se crean medidas al respecto.

La obra, que tuvo un costo de 3.600 millones de pesetas incluía también dos plantas de transferencia: una en Marbella, que ya está finalizada, y otra en Fuengirola, que según denunció la alcaldesa de la localidad, Esperanza Oña (PP), ha sido paralizada por un periodo de un año por dos interdictos interpuestos por un concejal del GIL en su localidad.