La Formación Profesional amenazada

Las sociedades más avanzadas muestran gran preocupación por disponer de sistemas de formación que den a sus ciudadanos los niveles de competencia profesional demandados en la actividad productiva, pero sin olvidar la formación integral y personal, de manera que, alcanzada la primera inserción laboral, quede garantizada la capacidad de participar activamente en la sociedad y de adaptarse a los cambios profesionales y personales que se van a producir a lo largo de la vida.Tradicionalmente, en España las enseñanzas profesionales se regularon al margen del sistema educativo, como se pone de manifiesto en el Estatuto de Formación Profesional de 1928 y en la ley de 1955. Habría que esperar a la promulgación de la Ley General de Educación de 1970 para encontrar una regulación de la Formación Profesional en la que se contempla que el alumnado ha de recibir, al mismo tiempo, formación general y formación específica.

Sin embargo, es preciso señalar que la ley del 70 establecía una doble vía de segregación del alumnado ya a edades tempranas: para acceder al Bachillerato Unificado y Polivalente era necesario aprobar la Educación General Básica, mientras que sólo con haber estado escolarizado y tener 14 años se podía cursar la Formación Profesional. La dualidad de requisitos académicos de acceso llevaba no sólo a una clasificación prematura de los alumnos, sino a un desprestigio del itinerario FP.

En el contexto radicalmente diferente de convivencia en una sociedad plural, democrática y solidaria, claramente definida por su incorporación a la Unión Europea, surge, en 1990, la LOGSE, que se caracteriza por la atención a la diversidad con una serie de medidas que permiten la integración desde la solidaridad y no desde la exclusión o la distribución del alumnado en vías educativas diferentes, en función de sus capacidades y condicionamientos sociales.

La LOGSE establece un solo camino para la formación general: infantil, primaria y secundaria, y dos puentes, Formación Profesional de grado medio y de grado superior, para llegar al ejercicio profesional con la cualificación requerida. Querer saltar desde un puente hacia el otro es caminar en el vacío, ya que los planes formativos se asientan en la etapa anteriormente cursada; los ciclos formativos de grado medio requieren las capacidades que el alumnado adquiere en la Educación Secundaria Obligatoria, y en el caso del grado superior, los conocimientos establecidos en el Bachillerato.

Así pues, la Formación Profesional diseñada en la LOGSE tiene dos componentes, uno de base, definido -para los ciclos formativos de grado superior- en el Bachillerato y otro, específico, que se adquiere en el correspondiente ciclo; además, se organizan de manera vertical, primero la base y, después, la formación específica, no en paralelo como en el anterior sistema. Intentar llegar a una sin haber cursado la otra, obligaría a redefinir de nuevo la estructura formativa de la LOGSE.

Por eso, sorprenden y causan preocupación las recientes declaraciones del ministro Rajoy a los distintos medios de comunicación pretendiendo introducir reformas que afectan fundamentalmente a la Formación Profesional a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Esa misma iniciativa fue presentada por el ministerio, el pasado día 10 de septiembre, en el Consejo General de la Formación Profesional, encontrándose con un rechazo prácticamente unánime de las administraciones educativas y de los agentes sociales con representación en ese órgano.

No parece evidenciar un talante precisamente negociador el ministro Rajoy cuando insiste en recurrir a este procedimiento para cambiar aspectos básicos del Sistema Educativo. Hasta aquellos sectores más conservadores que apoyan su propuesta le recriminan por eludir el debate parlamentario acudiendo a la Ley de Acompañamiento.

Si analizamos la trayectoria del ministerio en esta legislatura, vemos una insistencia, casi enfermiza diría yo, en modificar la LOGSE: reforma de las Humanidades de Esperanza Aguirre, itinerarios diversificados en la ESO, defendido, en su día, por el secretario de Estado Nasarre, y, ahora, un nuevo asalto protagonizado por Rajoy.

Todas estas iniciativas coinciden en un eje vertebrador, en todas subyace el deseo de volver a un sistema que distribuya a los alumnos a partir de los 14 años, de nuevo el sistema paralelo, de nuevo facilitar que haya un segmento de alumnado que salga del Sistema Educativo a los Programas de Garantía Social. Así serán cada vez más los jóvenes que no tengan el título básico establecido, parámetro éste que, en el siglo XXI, medirá los índices de analfabetismo de un país. La vuelta a la doble vía de enseñanzas académicas y profesionales que está en la base de la pretendida reforma pueda suponer la consolidación de una clase trabajadora con carencias en su formación que tendrá un reflejo negativo en su actividad personal, social y profesional.

Eso por no hablar de las dificultades de movilidad profesional que tendrán nuestros ciudadanos cuando quieran desarrollar su actividad laboral en otros países de la Unión Europea o vean cómo otros trabajadores de los estados miembros vienen a cubrir puestos de trabajo a los que ellos no pueden acceder por las carencias de cualificación como consecuencia de la aplicación de las medidas clientelistas que se le ocurren al ministro de Educación y Cultura. Si la reforma se llevara a cabo, no cabe duda de que supondría una regresión en la valoración social y en el prestigio que viene adquiriendo la Formación Profesional Específica.

Pienso que no sólo el Parlamento ha de hacer oír su voz en tan grave cuestión, sino que es la sociedad entera la que está directamente implicada y la que debe movilizarse, al menos para hacer comprender al señor Rajoy una verdad tan sencilla como ésta: que inventar gratuitamente caminos que lleven a los alumnos a situaciones donde las posibilidades de fracaso sean mucho mayores que las de éxito no es lo más aconsejable. Dicho con mayor brevedad, se trataría de un auténtico fraude social.