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Tribuna
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La sombra de la prosperidad

Hasta en los momentos de mayor euforia, la realidad insiste en ponerse demagógica y se empeña en mostrarnos las sombras de nuestra sociedad. La provincia de Málaga, ya se sabe, es el motor económico de Andalucía. Pero el revés de este crecimiento está en las cifras de accidentes de trabajo, que se han desbocado. En 1998, en el sector de la construcción malagueño el número de víctimas en accidentes laborales se incrementó un 54,9% en relación con el año anterior. Y este índice todavía sigue aumentando a un ritmo aún mayor: en el primer semestre de este año ya ha crecido un 61,9% respecto a 1998.Ateniéndonos a las cifras oficiales que proporciona la Consejería de Trabajo de la Junta resulta imposible conocer con exactitud cuántos de estos accidentes han provocado muertes: con la presumible intención de escamotear las malas noticias, la Consejería contabiliza como fallecidos a los que mueren al instante, no a los que lo hacen durante el traslado al hospital o en los días posteriores.

Si la Consejería se aplicara a las labores de prevención de accidentes con el mismo celo que pone a la hora de dulcificar estadísticas, quizá no habría ahora que lamentarse. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor para observar que hay muchas obras en las que el uso del casco o de los arneses obligatorios es una práctica más bien exótica.

La falta de medidas de seguridad se agrava, además, con el cansancio: las jornadas en los tajos malagueños suelen superar en mucho las ocho horas, se trabaja también de noche y bastantes obreros vienen de otras provincias.

Los empresarios alegan que son los propios trabajadores los que se niegan a usar las medidas de seguridad y que la falta de mano de obra les impide despedir a los imprudentes. Los sindicatos replican que en muchas obras ni siquiera hay cascos ni arneses.

El miércoles pasado, CCOO y UGT de Andalucía llamaban a la huelga al sector de la construcción. Poco antes, el secretario general de CCOO en la provincia de Málaga, Francisco Gutiérrez, pedía que la fiscalía se ocupara de estos asuntos. "Hasta que un empresario no pise la cárcel por atentar contra la vida, nadie se tomará en serio la siniestralidad", decía Gutiérrez.

Quizá sea demasiado para la sesteante fiscalía malagueña. Lo cierto es que poco puede hacer la inspección de Trabajo, que sólo cuenta con diecisiete inspectores para los 380.000 trabajadores que están censados en la provincia malagueña.

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Es como si nadie tuviera demasiado interés en ocuparse de estos asuntos, cuya sola mención agua la trompetería triunfalista de estos tiempos de bonanza. Pero es necesario saber que en nuestros tajos la mortalidad está a punto de alcanzar niveles tercermundistas. Como hay que conocer también que, entre nosotros, hay inmigrantes que viven en condiciones de esclavitud, que no son pocos los patronos que retienen a sus trabajadores por el método, escasamente liberal, de retirarles el pasaporte...

Fiscales e inspectores de trabajo no parecen muy interesados en conocer estas sombras de nuestra próspera sociedad. Sin duda, prefieren mirar hacia otro lado.

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