Los colectivos del Segura rompen la tregua y reactivan las protestas

Después de cuatro meses de tregua entre los colectivos en defensa del Segura y la Administración, las movilizaciones ciudadanas volverán a la Vega Baja con el objetivo de que todas las promesas y actuaciones ya en marcha para sanear el Segura "no queden en el olvido", según el acuerdo adoptado el martes por la noche por los colectivos en defensa del río. "Las pancartas deben estar permanentemente en los balcones", indica el presidente de Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau.

Las plataformas en defensa del Segura dejaron de movilizarse tras la firma, en plena campaña electoral, de un acuerdo entre Pro-Río y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a partir del cual se constituyó una mesa de seguimiento para controlar las actuaciones en el río comprometidas por las distintas administraciones. Éstas fijaron inversiones multimillonarias y establecieron el plazo de seis años para lograr el saneamiento integral del río Segura.Los colectivos acusan a la Administración de falta de agilidad en la consecución de sus compromisos, por lo que han decidido volver a la carga con las protestas ciudadanas. Los colectivos lograron desplazar a 10.000 personas de la comarca a Madrid para manifestarse ante el Congreso de los Diputados, y también organizaron sonadas protestas en Orihuela, Murcia y Valencia.

Denuncian, asimismo, el desconcierto que ha provocado en las plataformas la desconvocatoria de la última reunión prevista de la mesa de seguimiento. El portavoz de Segura Limpio, José Manuel López Grima, denunció que los presidentes regionales de Valencia y Murcia no están abordando el problema del Segura "con el mismo interés y mimo que tratan otros asuntos, como el del AVE".

Para el portavoz de Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, es importante seguir presentes en la mesa de seguimiento, junto a las distintas administraciones y los alcaldes de la comarca, pero "es necesario volver a las movilizaciones ciudadanas para contrarrestar la gran presión política y los grandes intereses económicos sobre el agua que afectan de forma negativa al saneamiento del río".

El plazo de seis años para sanear el Segura "es excesivo", según los colectivos, que solicitan que las actuaciones se agilicen para que ese plazo se acorte al año 2002. También consideran demasiado dilatado el plazo de cinco años que se ha dado a las empresas de Murcia para que dejen de realizar vertidos al Segura.

Muñoz Grau censuró la actitud de algunos alcaldes de la Vega Baja que acuden a las reuniones de la mesa de seguimiento "como salvadores del río y luego no evitan que sus municipios contaminen impunemente el Segura con aguas sin depurar". Igualmente criticó que el Plan Hidrológico Nacional considere el Segura como un canal de riego, sin tener en cuenta "que es un río con todo lo que ello conlleva".