Funesta España
El fiscal Jiménez Villarejo quiere cargar con el muerto de la privatización de la funeraria municipal, que aún colea, a un puñado de vivos, concejales y diputados del PP madrileño, que, según la fiscalía, con celo digno de mejor causa, trampearon, falsificaron, intrigaron y organizaron un tejemaneje de funestas consecuencias para las moribundas arcas municipales en beneficio de ellos mismos y de sus colegas.El hecho de que uno de los asesores de la privatización fuera nombrado semanas más tarde director de la empresa privatizada da una idea del desparpajo con el que se movían estos carroñeros, salteadores de tumbas y profanadores de cementerios.
Alertados por el olor a putrefacción que desprendía toda la operación, los representantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento desenterraron el cadáver, que hace unos días ha sido expuesto ante la opinión pública a través de la publicación del texto de la querella emprendida por la fiscalía.
Los aficionados al inmortal género de la picaresca y los delincuentes financieros en periodo de aprendizaje gozarán y sacarán provecho, respectivamente, con las azarosas peripecias de Simón Viñals, Luis María Huete, Antonio Moreno, José Ignacio Echániz y sus secuaces. Como en el cuento, Simón alteró el precio, Luis María prevaricó, Antonio esquilmó y José Ignacio se llevó el gato al agua porque tenía intereses en Funespaña, la funesta empresa beneficiada. Una empresa modelo, desde luego, que se compró por cien pesetas, o treinta monedas, y ha declarado en el último ejercicio 1.813 millones de pesetas de beneficios.
Los pícaros concejales crearon una maraña de empresas tapadera, titularidades interpuestas y falsos negocios jurídicos que hubieran hecho perder el hilo a un fiscal menos experimentado. La vasta operación de enriquecimento, como la califica la fiscalía, se efectuó casi a cara descubierta y a plena luz del día, arrostrando con suma desvergüenza las fundadas sospechas de todos los grupos de la oposición y de casi todos los sectores de la comunicación. "Probadlo si podéis", parecía ser la consigna de estos artistas del embrollo, amparados hasta el día de hoy bajo la sombra del Manzano.
El Ayuntamiento perjudicado premió a sus perjudicadores: Viñals, ex presidente de la funeraria municipal, sigue siendo concejal de Salud, el mismo concejal de Salud que hace unos meses dijo que prefería las ratas a las palomas porque son menos dañinas, y sabía de lo que hablaba; Huete, primer teniente de alcalde cuando la prevaricación (privatización), hoy es diputado autonómico; Moreno es concejal de Régimen Interior y Patrimonio (privatizable), y Echániz ha sido ascendido a consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El solidario alcalde de Madrid sigue reiterando, aunque no se lo pregunten, su confianza en los encausados, y dice que está dispuesto a dar la cara por lo que pasa en el Ayuntamiento. La misma cara, la misma sonrisa bobilinda con la que defendió hasta el final de trayecto en los tribunales a Enrique Villoria, el hombre de los caramelos, otro especulador veterano que parecía incombustible anclado en su poltrona.
El de la funeraria es un cadáver más en el atiborrado armario de los esqueletos municipales; si los jueces confirman las tesis del fiscal Villarejo, el timo de Funespaña pasará a los anales de la crónica negra de la España negra como una de las estafas más ignominiosas del siglo que termina, porque los estafadores no se conformaron con expoliar a los vivos y se cebaron también con nuestros muertos cuando los dejamos en sus manos.
El Ayuntamiento vendió sus muertos, que son los nuestros, por veinte duros, y nos humilló al decirnos que no eran rentables, que eran unos muertos de hambre que no interesaban a nadie porque no llevaban ni un duro en los bolsillos. En consecuencia, el Ayuntamiento traspasó sus servicios de pompas fúnebres a unos buenos samaritanos, expertos en la gestión y transporte de residuos fúnebres humanos, un negocio que ha resultado ser un chollo milagroso con el que tal vez un dios despistado haya premiado a estas gentes tan caritativas.
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