Educación retiene los expedientes de conciertos con varios colegios privados susceptibles de ser irregulares

La crisis abierta en la Consejería de Educación, que dirige Manuel Tarancón, tras la orden de embargo dictada por la dirección territorial del Ministerio de Trabajo para congelar el concierto concedido al colegio privado María de Icíar, que debe más de 83 millones a la Seguridad Social, ha asestado un golpe a la ya de por sí polémica política de conciertos con colegios de élite y vinculados al Opus Dei y está poniendo bajo sospecha presuntas "irregularidades" en otros conciertos. El sindicato de la enseñanza STEPV, que además forma parte de la Comisión Provincial de Conciertos, denunció ayer que "ha solicitado expedientes relativos a los conciertos de este años con determinadas empresas que pueden ser susceptibles de ilegalidades o irregularidades" y que, de momento, no ha obtenido respuesta. Entre los principales cuestionamientos, el STEPV asegura que se han aprobado conciertos que no han pasado por la comisión, como el caso de la academia que dirige la ex concejal de Unión Valenciana de Valencia Dolores García Broch. Un centro al que, además, se le ha renovado automáticamente el concierto que tenía para FP y se le ha convalidado para impartir la ESO, lo cual, según el sindicato, "no es transferible, ya que se trata de dos tramos educativos distintos entre sí". Según fuentes del sindicato, éste no es el único caso donde los requisitos, por ejemplo de necesidades de escolarización en la zona. se incumplen de manera flagrante. Con todo, el portavoz del STEPV, Vicent Esteve, hizo hincapié ayer en que la actuación de la Administración en el caso del María Icíar, exige "una depuración de responsabilidades políticas que inevitablemente afectan al propio consejero Tarancón". El STEPV justifica esto en base a que fue "el propio Tarancón quien firmó la polémica orden de conciertos" y que, además, "asumió personalmente el concierto con el María de Icíar de Riba-roja, al haberlo elegido para inagurar el curso a pesar de la polémica social que provocó". Controles tributarios La estrategia de la consejería de tratar de neutralizar el envite suscitado tras conocerse la deuda pública del María de Icíar anunciando, por boca del propio consejero Tarancón, que se modificará la normativa de conciertos para evitar este tipo de engaños tributarios, fue ayer respondida con dureza por el STEPV. El sindicato recordó a la dependencia que "actualmente ninguna entidad privada puede recibir una subvención de la Administración uando no está al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, tal como se exige a los sindicatos para recibir las subvenciones que figuran en los Presupuestos de la Generalitat". A su juicio, si el colegio Marí de Icíar no cumplía con "estos requisitos tan elementales", "la Administración tenía la obligación de saberlo y actuar en consecuencia, pero no el curso que viene. Ahora". El STEPV precisó, sin embargo, que la consejería también tiene la responsabilidad de velar por la situación del profesorado y del personal de Administración y Servicios, ya que éste último, al congelarse la partida del concierto destinado a "gastos de funcionamiento", puede verse afectado y no tendría derecho a recolocación, ni a indemnización.