El Ayuntamiento ordena el derribo de los dos edificios afectados por el desplome en Cádiz

Los vecinos de las 16 viviendas de los edificios número 16 y 18 de la calle García de Sola, afectados directamente por el derrumbe del muro trasero del inmueble, no volverán a habitar nunca sus casas. Así lo decidieron ayer los técnicos municipales tras comprobar que la estructura de los bloques ha sufrido daños irreversibles. La alcaldesa, Teófila Martínez, comunicó personalmente a los damnificados que los edificios serán derribados y se construirán unos nuevos. Como medida preventiva, las familias de los bloques anexos a ambos lados -números 14 y 20-, tampoco volverán a sus viviendas hasta que los técnicos y arquitectos certifiquen en un informe técnico que no existe riesgo alguno

En caso de peligro, las familias afectadas no volverán a habitar sus viviendas hasta que no se termine la construcción de los bloques que se derribarán. Todos los vecinos comenzaron ayer a ser realojados en viviendas de alquiler, donde deberán permanecer al menos un año a la espera de su nueva casa. En una reunión que se celebró en el colegio Carola Ribed de la capital gaditana, Martínez, en compañía de los portavoces de todos los grupos de la oposición, detalló a los afectados como actuará el Ayuntamiento de aquí en adelante, y respondió durante una hora y media a todas las preguntas y dudas planteadas por los vecinos. Estos protagonizaron escenas repetidas de dolor cuando, acompañados obligatoriamente por policías locales y bomberos, retiraron algunas de sus enseres más necesarios. La mudanza de los muebles comenzará mañana con camiones municipales. Asumir costes Martínez se comprometió con los vecinos a que todos los costes de alquiler, mudanza, hotel y manutención correrán a cargo del Patronato municipal de la vivienda, Procasa, que posteriormente remitirá las facturas a la constructora San José. "Nosotros garantizamos que los gastos del traslado involuntario los abonará en primera instancia el municipio", dijo la alcaldesa, quien insistió en culpar únicamente a la empresa constructora de lo ocurrido para sortear las quejas de los vecinos que le recordaron los avisos previos que, según algunos afectados, fueron desoídos por el consistorio. "Nosotros representamos la propiedad de las viviendas y por tanto pediremos responsabilidades subsidiarias, civiles y penales a los que han hecho el desaguisado", dijo Martínez, que añadió: "Tenían que haber puesto un muro de protección para abajo y por tramos para proteger los cimientos y la estructura de las viviendas antes de ponerse a excavar". Las explicaciones de la alcaldesa no evitaron que continuaran ayer las críticas por el desplome repentino de los muros traseros de estas viviendas. A este debate se sumó ayer la Junta de Andalucía, que considera que el municipio es responsable directo del siniestro ocurrido. El consejero de Asuntos Sociales del Ejecutivo andaluz, Isaías Pérez Saldaña, defendió la petición de los grupos de la oposición municipal de que se cree una comisión de investigación política y técnica. "Si estamos hablando de edificios en una zona ya deteriorada de la ciudad tenían que haberse dado las medidas de seguridad suficientes", denunció Pérez Saldaña, quien añadió: "Indudablemente, se trata de una responsabilidad municipal en una actuación urbanística en la que hay que considerar que las medidas de seguridad deben estar garantizadas cuando se da una licencia de obra". A pesar de las críticas, el Gobierno andaluz se ofreció para prestar la ayuda necesaria para agilizar posibles soluciones. El delegado provincial de Obras Públicas, José de Mier, se reunirá la semana próxima con la alcaldesa y los técnicos municipales para escuchar propuestas y buscar soluciones para los vecinos.