PP y PSE cierran un plan de suelo en Vitoria y el PNV lo aplaude

Algo chirría en la política municipal de vivienda en Vitoria. El Partido Popular, que gobierna la ciudad con Unidad Alavesa, y el grupo socialista presentaron ayer un acuerdo en materia de suelo que supone la modificación del convenio diseñado por el anterior alcalde, el nacionalista José Ángel Cuerda. Según los dos partidos firmantes, el pacto supone el inicio de "una política diametralmente opuesta a la que se ha conocido hasta ahora" en Vitoria. Sin embargo, el grupo municipal del PNV, una vez que conoció horas después los términos del acuerdo, lo aplaudió al entender que es una copia fiel del proyecto de Cuerda. Su portavoz, María Jesús Aguirre, lo calificó de "operación de maquillaje". El nuevo acuerdo deberá pasar dos cribas. Por un lado, será objetivo de negociación con los propietarios privados de los terrenos por donde se extenderá la ciudad. Ellos ya firmaron un convenio con Cuerda, pero ahora deben partir de cero. En principio, los particulares son reacios a renegociarlo. El alcalde, Alfonso Alonso, piensa retomar las negociaciones de inmediato. Su socio en este asunto, el socialista Jesús Loza, ha puesto fecha: pretende cerrar un acuerdo con los dueños para mediados de este mes. Por otro lado, el convenio también deberá trasladarse de nuevo al pleno municipal, aunque en este caso tiene asegurado el apoyo mayoritario de PP, PSE y UA. El PNV también coincide en la esencia. Una vez superados esos trámites, el convenio de Salburua y Zabalgana deberá incorporarse al nuevo Plan General, que el equipo de gobierno se ha comprometido a aprobar inicialmente antes del próximo año. Valoración económica El pacto presentado ayer recoge casi íntegramente las condiciones demandadas por los socialistas para negociar con el PP. Pero el texto final no registra grandes novedades con respecto al espíritu del plan de suelo de Cuerda. Imita el porcentaje reservado a pisos protegidos, el 70%, y pretende sacar al mercado suelo urbanizable para más de 9.000 viviendas en cuatro años. Las modificaciones esenciales se refieren a que el Ayuntamiento ya no utilizará la política de suelo para financiar los equipamientos (centros cívicos y servicios sociales), a que se impondrán plazos de construcción a los propietarios, y a que se introducirá un programa para sacar al mercado de alquiler los pisos vacíos. En cambio, ni Alonso ni Loza se refirieron a la repercusión económica del convenio. Al final de la anterior legislatura, el PP rechazó el plan porque entendía que se encarecería el suelo hasta un precio de 14.446 pesetas el metro cuadrado. Llegó a decir que lo tiraría a la papelera. Los socialistas aseguraban en un estudio económico propio que el Ayuntamiento perdería 18.823 millones. Ambos grupos creen ahora que la sola inclusión de unos plazos máximos para construir los pisos rebajará los precios "dentro de año y medio", afirmó Loza.