Garzón rechaza que la defensa pueda actuar en España hasta que Pinochet no sea entregado

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón rechazó ayer la personación de la defensa de Augusto Pinochet en el procedimiento por genocidio, terrorismo y torturas que tiene abierto en España porque el ex dictador chileno no se ha entregado a la justicia española una vez transcurrido el plazo de 20 días que le concedió para que lo hiciera y, por tanto, "no está a disposición" de su juzgado, "sino de la justicia inglesa".Según Garzón, sobre Pinochet pesa una orden de detención internacional y tiene decretada la prisión, por lo que "resulta imprescindible" celebrar la comparecencia en la que se determine si Pinochet debe quedar en "libertad con o sin condiciones; en prisión con fianza o en prisión incondicional". Garzón sugiere que no son las opciones de prisión las que tienen más probabilidades de que se produzcan, "por obvias razones".

Según Garzón, Pinochet ya está desarrollando "con toda la amplitud" su defensa ante las autoridades británicas, únicas que pueden decidir sobre él. Y que le deniegue su personación en la causa no significa que persiga que Pinochet "renuncie a uno solo de sus derechos". Antes al contrario, asegura que será "beligerante" para que se respeten todos y cada uno de los que le correspondan. "Pero si algo ha quedado claro", añade, "es que el procesado es el único que tiene en sus manos la posibilidad de estar o no a disposición de la jurisdicción española".

En otra resolución, responde al ministerio fiscal que no puede hablarse "en términos absolutos" del derecho de defensa de toda persona que esté detenida o procesada, porque ese derecho "queda en suspenso" cuando el sujeto que lo pretende no se halla a disposición efectiva del juzgado.

Por su parte, la Cancillería chilena (Ministerio de Exteriores) envió un informe médico sobre la salud de Pinochet al Foreign Office británico, al que el embajador chileno en Londres, Pablo Cabrera, le adjuntó una nota en la cual subraya la preocupación de las autoridades chilenas por la salud del ex general, según informó el ministro Juan Gabriel Valdés.

El ministro chileno desmintió que su Gobierno haya pedido al Foreign Office la adopción de medidas humanitarias. Según explicó Valdés, la estrategia es esperar al fallo del 8 de octubre de la Corte de Bow Street sobre la petición española de extradición de Pinochet, y, si ésta resultara desfavorable al ex dictador, iniciar entonces gestiones públicas y privadas para solicitar al ministro del Interior británico, Jack Straw, que considere las razones de salud para permitir el regreso del general a Santiago.

Valdés atribuyó las informaciones sobre que la cancillería chilena ya hizo esta petición a "una confusión derivada de que hemos estado entregando informes médicos acerca de la situación del general Pinochet hace bastante tiempo" y al nuevo informe entregado el martes al Foreign Office.

En todo caso, el Gobierno ha estado insistiendo ante las autoridades británicas, y de hecho así lo planteó Valdés al canciller Robin Cook en el encuentro que sostuvieron en Nueva York, en la sede de la ONU, que el deterioro de la salud de Pinochet indica que no se encuentra en condiciones de soportar un prolongado proceso judicial.