Pego aprueba con abucheos al alcalde un plan urbano que desata la protesta vecinal

El alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, sufrió la noche del pasado jueves bajo una lluvia de acusaciones e insultos el primer revés a su estrenada gestión con mayoría absoluta al frente del Ayuntamiento. Más de 200 personas pidieron la dimisión del alcalde e intentaron boicotear el pleno en el que se aprobaron cuatro programas urbanísticos que recalifican las propiedades de los afectados, les obligan a pagar nuevas tasas y ceder suelo al Consistorio.

La mayoría eran pequeños propietarios, afectados por la recalificación del suelo, y a los que el Consistorio demanda cantidades millonarias en concepto de coste de urbanización. Por esta maniobra urbanística el Ayuntamiento pretende recaudar más de 2.000 millones de pesetas. Las arcas municipales de Pego tan sólo disponen este año de 40 millones de presupuesto para inversiones, y no puede pedir más créditos ya que fue amonestado por el Ministerio de Hacienda por superar el endeudamiento legal permisible. Los afectados y la oposición acusaron al alcalde de pretender "hacer negocio" con los nuevos planes urbanísticos, y que sean los propietarios quienes cubran el vacío presupuestario con el pago de las tasas de urbanización. La polémica arranca de la aprobación, el pasado abril, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pego. Dicho documentos incluía cuatro proyectos urbanísticos en las zonas conocidas como Benitubes, El Clot, El Calvari y el Sector II. Entre los planes del Consistorio está la construcción de un polígono industrial de un kilómetro cuadrado de extensión (en el Sector II), y una urbanización de 400 chalés, en Benitubes. De un plumazo, y sin ser previamente consultados, los propietarios de terrenos en la zona afectada por el nuevo plan, unas 300 familias, recibieron la notificación de que el suelo de sus propiedades había sido recalificado con el nuevo PGOU, y un mapa con la nueva reparcelación de sus terrenos. El plan se publicó en el Diario Oficial de la Provincia el 19 de agosto, y se abrió un periodo de alegaciones. La nueva situación supone para los afectados varias obligaciones. Primero han de ceder terreno para el equipamiento de la nueva zona urbanística, en concepto de construcción de viales y zonas verdes, que ronda entre el 35% y el 45% de las propiedades. Además, impone una tasa por coste de urbanización por metro cuadrado que obliga a los afectados, la mayoría propietarios de pequeñas parcelas de huertas y segundas residencias, a pagar cifras que oscilan entre los 10 y 45 millones de pesetas. Algunas de las propiedades se encuentran en terreno urbanizado y consolidado, y ya disponen de dotaciones de equipamiento, pero se les exige igual el pago de la tasa. Es el caso de la Cooperativa Agrícola de Pego, con 800 socios, a la que se piden 144 millones de pesetas, y el de varias empresas y particulares. Ante la incapacidad de hacer frente al pago, la mayoría de afectados (un 80% de las alegaciones), pidieron al Consistorio la expropiación de sus tierras. La mayor parte de demandas de expropiación fueron desestimadas en el pleno y así el plan fue aprobado con el voto del equipo de Pascual.